El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido este mes un informe que solicita al Estado español garantizar investigaciones independientes y exhaustivas sobre todas las denuncias de tortura, tras constatar la persistente impunidad y la falta de avances en el esclarecimiento de miles de casos, especialmente en Euskal Herria. El informe llega a pocos días del comienzo de la gira del presidente español Pedro Sánchez en América Latina “en defensa de la democracia”.
El informe llega tras analizar los compromisos adquiridos por Madrid bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y responde, en parte, a la labor de entidades promotoras como GEBehatokia, que califica el texto de “varapalo muy importante” para el Estado. Sin embargo, cabe matizar estas conclusiones, ya que el informe de la ONU se limita a dar “recomendaciones”: las conclusiones del informe no son vinculantes ni puede acarrear sanciones en caso de incumplimiento.
Miles de víctimas reconocidas, nulas investigaciones
Sin embargo, el informe del Comité sí que pone de manifiesto internacionalmente una realidad silenciada sistemáticamente en el Estado español: cerca de 6.000 personas han sido reconocidas oficialmente como víctimas de tortura sólo en Hego Euskal Herria, según informes de los gobiernos de Lakua e Iruñea. Sin embargo, lamenta que no se haya abierto ninguna investigación sobre estos más de 5.000 casos documentados y exige a Madrid “un acceso real a la verdad, la justicia y la reparación” para las víctimas; incluida la imprescriptibilidad de la tortura .
La ONU reclama la creación de un mecanismo independiente y dotado de recursos reales para investigar todas las denuncias contra fuerzas policiales, así como la recopilación y publicación de datos claros y desglosados. Además, destaca la obligación de investigar incluso en casos donde las víctimas no hayan presentado denuncia formal, tal como establecen los teóricos estándares internacionales, que casi ningún país cumple. Actualmente, se calcula que el 91% de los gobiernos del mundo son denunciados por torturas.
Reforma urgente del delito de tortura
Otra crítica central es la falta de adecuación de la definición de tortura en el Código Penal español: en la actualidad, no se incluye como fin “intimidar o coaccionar a la víctima o a terceros” y el delito prescribe a los 15 años, salvo que sea considerado de lesa humanidad. El Comité alerta de que esta laguna legal favorece la impunidad y reclama adaptar la legislación a los mencionados estándares internacionales, subrayando que la tortura y otros crímenes graves deben ser imprescriptibles.
También insta a obligar la grabación en vídeo de todos los interrogatorios policiales, una de las demandas históricas de los colectivos contra la tortura, para garantizar la protección de los detenidos.
Uso de la fuerza, falta de memoria y leyes pendientes de derogación
El informe de la ONU va más allá de la tortura: lamenta el uso “excesivo” de la fuerza policial y exige investigaciones inmediatas, imparciales y eficaces —especialmente en el marco de reuniones pacíficas— y sanciones reales para los responsables. Además, pone el foco en normas aún vigentes como la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Secretos Oficiales, reclamando su derogación así como la retirada de otras regulaciones heredadas del franquismo.
La ONU lamenta que el Estado español no haya dado pasos en el juicio y condena de responsables de violaciones ocurridas durante el franquismo y la Guerra Civil y reclama “un esfuerzo sostenido para la búsqueda de desaparecidos, reconocimiento público, reparación y garantía de no repetición”.
Reacciones e implicaciones
La respuesta de las asociaciones vascas pro derechos humanos es clara: “Entendemos que es preciso dar pasos firmes… que operen una transformación eficaz y efectiva en la vigencia y garantía de los derechos de las víctimas de graves vulneraciones por parte del Estado”, señala GEBehatokia.
Organismos y expertos insisten en que el Estado español ha sido condenado ya en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar la tortura. Sin embargo, estas denuncias quedan en papel mojado, mientras que sin presión social e internacional, la impunidad no tiene fin: “Europa y la ONU saben que España no quiere investigar la tortura a miles de vascos”, explica el abogado Olivier Peter.
El Comité también consideró “positiva” la reciente ley de amnistía en Catalunya tras el procés, pero reiteró la preocupación por el uso “excesivo” de la fuerza policial y la falta de investigaciones sobre el espionaje político con Pegasus.
Por último, la ONU urgió a Madrid a “reforzar la protección frente a la corrupción, el racismo, la discriminación y la violencia machista y a dotar de más facultades y recursos al Defensor del Pueblo”. La ONU concluye que, “sin reformas legales, investigación independiente y reparación pública, no habrá justicia para las víctimas ni plena democracia”. Ahora, observadores críticos consideran que el Estado español tiene la responsabilidad internacional y política de cumplir estas recomendaciones.
