El presidente checo Petr Pavel, que en su juventud militó en el Partido Comunista de Checoslovaquia, firmó el 17 de julio una histórica reforma del Código Penal que equipara legalmente la promoción del comunismo a la del nazismo, estableciendo penas de hasta cinco años de prisión para quienes funden, apoyen o impulsen movimientos acusados de “suprimir derechos humanos y libertades” o “incitar al odio por motivos raciales, étnicos, nacionales, religiosos o de clase social”. La nueva ley amplía la sección 403 del Código Penal, que ya prohibía la apología nazi y otros movimientos, incluyendo ahora explícitamente el comunismo como “ideología represiva”.
Esta modificación responde al planteamiento de legisladores y del autoproclamado “Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios”, que reclamaba igualdad de trato legal entre símbolos y discursos comunistas y nazis, considerando un “desequilibrio” que la iconografía hitleriana permaneciera prohibida y la de la URSS o Lenin no acarreara sanciones si se mostraba en el espacio público. “Ambas ideologías fueron igualmente monstruosas”, señaló uno de los legisladores impulsores, Michael Rataj, en el parlamento.
El Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM) y otras formaciones de izquierda han repudiado públicamente la medida, denunciándola como ataque a la pluralidad política y un intento de silenciar a la oposición. Sin embargo, la medida ha logrado imponerse sin una oposición parlamentaria significativa.
Esta última ilegalización del comunismo muestra una clara tendencia en Europa del Este, donde países como Polonia, Lituania, Letonia o Hungría han aprobado prohibiciones similares contra la simbología o la propaganda comunista. Aunque la Unión Europea no contempla por ahora una prohibición a nivel comunitario, el caso checo marca un peligroso precedente. A partir de ahora, la promoción pública, el apoyo o la fundación de movimientos comunistas o calificados como “totalitarias” según el criterio gubernamental, serán delitos penados con prisión en la República Checa.
Ilegalización del comunismo: antesala del fascismo
Paradójicamente, la historia muestra que la ilegalización de los partidos comunistas ha sido la antesala de los mayores episodios de eliminación de libertades políticas y civiles generales que se haya visto en Europa. Durante el periodo de entreguerras, por ejemplo, la proscripción del comunismo en Alemania bajo las leyes de excepción de la República de Weimar no detuvieron el ascenso del nazismo; al contrario, debilitaron gravemente a las fuerzas obreras organizadas, impidiendo una posible resistencia coordinada contra el fascismo. El vacío político y la criminalización de una parte importante del movimiento obrero fueron aprovechados por el fascismo para instaurar un sistema político donde todas las libertades más elementales de la democracia liberal fueron suprimidas.
Ya en la Guerra Fría, los procesos de ilegalización o represión intensificada sobre los partidos comunistas en el Estado francés, Italia o Grecia estuvieron asociados a periodos de vigilancia estatal, censura mediática y restricciones a la participación política. Estas medidas, adoptadas bajo presión de las potencias occidentales y en el contexto de la doctrina anticomunista de la OTAN, tuvieron que ser modificadas en décadas posteriores, ya que contradecían los supuestos principios de pluralismo de la democracia liberal.
Incluso en contextos recientes del siglo XXI, en Europa del Este, la penalización del comunismo ha servido como coartada para limitar la protesta social, perseguir movimientos sindicales combativos o estigmatizar a cualquier militante de izquierdas, consolidando marcos legales en los que se diluye incluso la distinción entre el “llamado a la acción violenta” y la disidencia ideológica. En este marco, medidas que se presentan como actos de “memoria histórica” o “equilibrio legal”, en realidad se convierten en instrumentos efectivos de neutralización política y vaciamiento del pluralismo político.
Por tanto, la experiencia histórica indica que restringir la representación comunista no “protege la democracia”, sino que sienta las bases para su desmantelamiento progresivo.
