Miles de personas se manifestaron este lunes en Kiev, Odesa, Leópolis, Dnipró y otras ciudades de Ucrania para exigir la renuncia del presidente Volodimir Zelensky y denunciar el endurecimiento del régimen de movilización militar tras más de tres años de guerra con la Federación Rusa. Las protestas, convocadas por familiares de soldados y organizaciones civiles, se han intensificado tras la aprobación de una nueva ley que obliga a todos los hombres entre 25 y 60 años a registrarse como potenciales reclutas bajo pena de sanción económica y penal. “Queremos que vuelvan nuestros hijos. Basta de esta guerra sin fin y sin control civil”, declaró a la agencia Suspline una portavoz del grupo Madres por la Paz.
Las movilizaciones están motivadas también por denuncias de corrupción en las juntas de alistamiento, malos tratos a soldados en el frente y la suspensión indefinida de elecciones legislativas y presidenciales bajo la ley marcial, vigente desde febrero de 2022. Desde el inicio del conflicto, Zelensky ha prorrogado por decreto el estado de excepción en 11 ocasiones, acumulando poderes ejecutivos extraordinarios. Grupos de derechos humanos, como el Centro por las Libertades Civiles de Kiev, han advertido del “deterioro de las garantías democráticas y de participación electoral bajo condiciones de guerra”.
Además de protestas espontáneas frente al Parlamento y en plazas locales, crecen en redes sociales las campañas contra la movilización forzada. Videos de arrestos de hombres por la calle y de redadas policiales en centros de transporte y mercados han generado indignación cruzada en sectores urbanos y rurales del país.
Kiev no ha emitido una respuesta directa a las protestas, pero el portavoz presidencial Serguii Nikiforov ha declarado ante medios ucranianos que “el país está en guerra total y no hay espacio para la neutralidad”. Cerca de 30.000 personas han sido sancionadas desde abril por evasión total o parcial del servicio militar, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa de Ucrania.
La gota que colma el vaso
El detonante de las manifestaciones ha sido la firma por parte de Zelensky de una polémica ley que transfiere el control de los principales órganos anticorrupción bajo la dependencia de la Fiscalía General, cargo de designación política. La legislación, promovida por diputados del partido oficialista Servidor del Pueblo, debilita la autonomía del Buró Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO), dos entidades autónomas creadas en 2015 como condición para la integración europea. Desde el martes por la noche, decenas de manifestaciones han tenido lugar exigiendo el veto de la norma, coreando “¡Veto! ¡Veto! ¡Veto!” frente a la Oficina del Presidente en Kiev, según recoge Politico.
La votación parlamentaria y la posterior ratificación por Zelensky generaron una rápida reacción internacional. La Comisión Europea, en su habitual terminología, expresó su “profunda preocupación” y advirtió de que la reforma “socava los compromisos fundamentales en el camino hacia la adhesión” a la UE, según declaró el portavoz Guillaume Mercier.
Por su parte, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, señaló en redes sociales haber mantenido conversaciones con autoridades ucranianas y describió el cambio legal como “un serio retroceso en el Estado de derecho”. Internamente, el director del NABU, Semen Kryvonos, afirmó que “la infraestructura anticorrupción fue destruida por nuestro propio Parlamento”, advirtiendo que esto representa “un claro conflicto de intereses” y un golpe a la confianza pública.
La firma presidencial llega en un contexto del mencionado malestar social en Ucrania, donde crecen las críticas al uso prolongado de la ley marcial para prorrogar mandatos, suprimir elecciones y ampliar el reclutamiento obligatorio. En los últimos meses han aumentado las protestas lideradas por familiares de soldados, grupos civiles y excombatientes que exigen transparencia, límites al poder presidencial y el retorno de los derechos democráticos. Oleksandr Teren, veterano que perdió ambas piernas en el frente, declaró ante Politico que “es difícil luchar mientras quienes gobiernan adoptan este tipo de decisiones”.
Además de un deterioro acelerado de la institucionalidad, diversos sectores observan un grave desfase entre el discurso oficial ucraniano centrado en “la defensa de valores democráticos” y las prácticas vinculadas al control centralizado del poder y la corrupción, particularmente bajo condiciones de guerra. Olga Rudenko, editora del Kyiv Independent, afirmó en la red X: “Esto no es por lo que la gente ha estado luchando y muriendo, y es devastadoramente injusto para ellos”.
El Consejo de Europa, observadores jurídicos ucranianos y académicos internacionales han advertido que limitar la vigilancia independiente en nombre de la “seguridad” es una “erosión de derechos fundamentales incompatible con las obligaciones de una democracia en guerra”.
