La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que se encarga de imponer sanciones a empresas en el Estado español por estar involucradas en cárteles y demás prácticas prohibidas que restringen la competencia en el mercado. Sin embargo, tal y como explica El País, los tribunales españoles han anulado de forma sistemática un tercio de las resoluciones de la CNMC. La Audiencia Nacional, que revisa los casos sancionados, ha cuestionando la validez de las pruebas y la proporcionalidad de las multas, anulando muchas de las sanciones o ordenando recalcular las multas.
En varios casos, como el cártel de basuras, en el que se sancionaron a grandes empresas como FCC y Ferrovial, o el cártel de seguridad, que afectó a Prosegur y Loomis, los tribunales han considerado que” las pruebas presentadas por la CNMC no eran suficientes para acreditar la existencia de acuerdos anticompetitivos”. Esto ha llevado a la nulidad de las sanciones impuestas y a la impunidad de las empresas. En otros procedimientos, como el de infraestructuras ferroviarias, la Audiencia Nacional ha solicitado “que se presenten pruebas más detalladas y que se aclaren los hechos”, lo que ha resultado en la anulación parcial de los expedientes.
A pesar de que en muchos casos las resoluciones de la CNMC han sido modificadas, los tribunales han respaldado la existencia de cárteles en más del 69% de los casos revisados. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de los procedimientos se han confirmado en su totalidad. En la mayoría de los casos, las sentencias han resultado en “ajustes”, tanto en los periodos imputados como en el monto de las sanciones. Estos fallos ponen en evidencia un equilibrio delicado entre “el derecho de las empresas a defenderse” y la necesidad de combatir las prácticas anticompetitivas, planteando dudas sobre la efectividad de organismos como la CNMC y el sistema sancionador vigente en el Estado español.
