El Estado francés enfrenta un complejo panorama económico y político, agravado por la reciente moción de censura que ha destituido al gobierno de Michel Barnier. Con un déficit fiscal que se prevé supere el 6% del PIB en 2023 —el doble del límite del 3% fijado por la UE— y una deuda pública en ascenso hasta el 117% del PIB.
El Elíseo había acordado con Bruselas iniciar una senda de “ajuste fiscal”. Según la Comisión Europea, este plan incluía “una consolidación gradual hasta 2027 y la reducción del déficit estructural”. Sin embargo, la inestabilidad política ha dejado en suspenso estas medidas. “Es crucial que los presupuestos de 2025 sean coherentes con el plan fiscal acordado”, afirman desde la Comisión Europea, reflejando la preocupación ante el retraso en las reformas.
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo designado por Emmanuel Macron es un obstáculo clave para cumplir los compromisos económicos. Expertos como André Sapir, de la Universidad Libre de Bruselas, señalan que “aunque la crisis tiene un origen político, puede derivar en un problema presupuestario si no se reconduce”. Victor Laquiller, economista de BSI Economics, coincide y advierte que las tensiones internas “dificultarán evitar sanciones de la UE por incumplimiento fiscal”. Mientras tanto, la economía francesa sigue enfrentando un gasto público que supera el 50% del PIB, lo que, según describe el analista Carlos Martínez Mongay, exfuncionario de la Comisión Europea en La Vanguardia, “requiere ajustes estructurales para frenar un déficit crónico que se arrastra desde hace décadas”.
A pesar de la gravedad, los mercados han mostrado cierta calma por ahora. Léo Barincou, de Oxford Economics, atribuye esta reacción a !la expectativa de una próxima reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo!, lo que aliviaría las cargas de deuda. Sin embargo, la falta de acción política a nivel interno podría tener consecuencias duraderas. Según Barincou, el país galo se enfrenta a “un desafío político interno que pesa sobre el crecimiento y la estabilidad económica, más que a la presión externa de Bruselas”. Las perspectivas de cumplir con las metas de reducción de deuda a largo plazo —como alcanzar el 100% del PIB en 2041— parecen lejanas en un contexto de estancamiento económico y división política.
