A partir del 1 de enero de 2025, la edad legal de jubilación se incrementará a 66 años y ocho meses. Este cambio, según informa elDiario.es, es parte de un proceso gradual que culminará en 2027, cuando la edad de jubilación alcanzará los 67 años. Sin embargo, aquellos que hayan cotizado más de 38 años y tres meses podrán jubilarse a los 65 años. La reforma también establece que la jubilación parcial podrá accederse desde la edad ordinaria de jubilación, salvo que se haga un contrato de relevo, que permitirá acceder a la jubilación parcial a partir de los 62 años y ocho meses en ciertos casos. Este “ajuste” en las condiciones de jubilación ha generado inquietudes, especialmente entre los trabajadores con carreras largas y aquellos en profesiones con peores condiciones laborales.
Uno de los puntos destacados es la jubilación anticipada, que permitirá retirarse hasta 24 meses antes de la edad ordinaria a aquellos que hayan cotizado al menos 35 años, pero con penalizaciones en la pensión. Los coeficientes reductores varían entre un 21% y un 3,26% dependiendo de los meses de adelanto y los años cotizados. Para jubilaciones anticipadas involuntarias, el máximo de adelanto es de 48 meses, con coeficientes reductores más altos, alcanzando hasta un 30% de descuento si se adelanta la jubilación en 48 meses. Este modelo sigue generando debate debido a su impacto en las pensiones más bajas, que sufren una mayor reducción en comparación con los trabajadores con más años de cotización.
La reforma también introduce un cambio en la jubilación demorada, que ofrece incentivos adicionales por cada seis meses de retraso de la jubilación a partir del segundo año, además de bonificaciones del 4% por cada año adicional que se siga trabajando. Los cambios pendientes de desarrollo incluyen una nueva regulación para la jubilación anticipada en profesiones peligrosas, un nuevo sistema para la jubilación parcial y una mejora en las condiciones para los trabajadores relevistas. Sin embargo, los cambios no han sido bien recibidos por algunos sectores laborales, que consideran que el Gobierno español no ha sido lo suficientemente claro en las condiciones y en los plazos para su implementación, afectando especialmente a trabajadores de la industria manufacturera, que ven cómo las condiciones actuales caducan el 1 de enero.
