El Gobierno de Haití ha declarado una “guerra total contra las pandillas”, tras un 2024 marcado por enfrentamientos que han dejado más de 5.000 muertos. El presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Leslie Voltaire, afirmó que el objetivo es “pacificar el país para poder celebrar elecciones”. Sin embargo, organizaciones humanitarias y analistas advierten que esta estrategia podría intensificar la crisis sin abordar las causas profundas del conflicto.
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), más del 80% de Puerto Príncipe está controlado por grupos armados, lo que ha forzado el desplazamiento de miles de haitianos. Fuentes de la organización Human Rights Watch han señalado que la militarización de la seguridad, sin reformas sociales y económicas, “podría resultar en mayores violaciones a los derechos humanos y una escalada de violencia”.
Mientras Voltaire insiste en que “todos están involucrados en la lucha contra las pandillas”, líderes comunitarios han expresado escepticismo. “La represión sin diálogo solo fortalecerá a las bandas”, afirma Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). La falta de recursos y la corrupción dentro de las fuerzas de policiales y militares agravan la desconfianza de la población, que sigue a la espera de soluciones concretas.
