El descuento generalizado de 20 céntimos por litro, aplicado entre abril y diciembre de 2022, supuso para el Gobierno un desembolso de alrededor de 4.250 millones de euros, según cifras oficiales citadas por los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles en su reciente artículo The pass-through of subsidizing petrol consumption: the case of Spain, publicado en la revista SERIEs. El impacto de esta medida se ha analizado a través de un modelo de diferencia-en-diferencias entre precios de carburantes en el Estado español y en un grupo de países de la Unión Europea que no aplicaron descuentos similares.
Los resultados indican que el precio del diésel se encareció en 0,0527 euros por litro durante el periodo de vigencia del subsidio, de modo que a los consumidores solo les llegaron unos 15 céntimos de la ayuda teórica de 20 céntimos. Además, tras la finalización del descuento el 1 de enero de 2023, las diferencias de precios volvieron a ser idénticas a las previas a la bonificación (o incluso mayores), confirmando que el alza quedó vinculada al sostén público. En concreto, se calcula que 1.073 millones de euros de la ayuda no llegaron a los consumidores: 857 millones fueron a engrosar los beneficios de las petroleras y 216 millones incrementaron la recaudación vía IVA.
A esta concentración de beneficios se suma el dato de que el diésel representó en 2022 un 78,63% del uso de carburantes para vehículos en el Estado español; precisamente el tipo de combustible que más encareció. Por otro lado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya había advertido de que casi un 40% de los fondos destinados al descuento acabaron beneficiando al tercio de familias con mayores ingresos, mientras que el tercio más pobre apenas recibió un 20% del total.
Ante el elevado coste público y la concentración de las ganancias, los autores del informe ratifican la ineficacia de este tipo de ayudas y dan por zanjado cualquier debate acerca de a quién benefician realmente las bonificaciones de esta índole. Conclusión que, de igual manera, se puede extrapolar al ámbito de las ayudas para la vivienda, tan en boga en los discursos de los partidos de izquierdas.
