El reciente acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos, en el que el presidente Nayib Bukele ofrece la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para albergar a personas inmigrantes deportadas de EEUU y “criminales convictos estadounidenses”, ha generado una ola de críticas en todo el mundo. Amnistía Internacional ha expresado que esta medida no “aborda las causas profundas de la violencia” y solo perpetúa una “política de encarcelamiento masivo”.
Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, el gobierno de Bukele ha sido señalado por “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas”, según Human Rights Watch. La construcción y operación de la megacárcel CECOT, que alberga a más de 12.500 personas acusadas de pertener a pandillas, ha sido vista como una extensión de estas prácticas represivas.
El CECOT, que es una fortaleza de concreto con altos muros, tiene capacidad para más de 40.000 personas y se ha diseñado para imponer un aislamiento casi total: no hay visitas familiares, la iluminación artificial está encendida las 24 horas, los controles son extremadamente estrictos y las celdas carecen de camas o acceso a ventilación natural.
Con su propuesta de recibir personas condenados de Estados Unidos y deportados, Bukele busca no solo fortalecer su modelo carcelario, sino también financiar su sistema penitenciario a través de tarifas pagadas por el gobierno estadounidense. La medida, sin precedentes en la historia moderna, refuerza su imagen como “líder de mano dura contra el crimen”.
Críticos del acuerdo argumentan que trasladar a reclusos estadounidenses a El Salvador podría ser una forma de eludir las normas de derechos humanos y las garantías procesales que existen en Estados Unidos. Además, señalan que esta medida podría empeorar las ya precarias condiciones del sistema penitenciario salvadoreño y tampoco contribuye a una solución sostenible para la violencia y el crimen en la región.
