Tres mujeres han presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Granada (Andalucía) por tortura y abuso policial durante un intento de desalojo sin orden judicial ocurrido el pasado 20 de enero en la calle Azacayas, según informa Kaos en la Red. Las afectadas acusan a dos agentes de la Policía Nacional española, identificados por su número de placa, y a otros que no portaban distintivos visibles, de “propinarles golpes con porras en zonas vitales sin justificación”, lo que ha resultado en múltiples lesiones, incluyendo una fractura nasal que requirió cirugía.
La protesta se originó cuando la empresa Ama Desokupa, especializada en desalojos extrajudiciales, intentó desalojar el inmueble ocupado por el Centro Social La Madriguera, sin contar con autorización judicial. La resistencia de los habitantes del edificio movilizó a decenas de personas que se concentraron en la calle. Sin embargo, “la intervención de la Policía Nacional derivó en cargas contra los manifestantes en lugar de detener la actuación ilegal de la empresa”, según denuncian los colectivos presentes.
El escrito presentado por las víctimas se suma a la denuncia de más de una veintena de organizaciones sociales, sindicales y vecinales que exigen la dimisión del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, por su responsabilidad en el operativo. Estas organizaciones sostienen que la policía actuó en connivencia con Ama Desokupa, permitiéndoles bloquear el acceso al edificio y participar en detenciones.
Según la abogada de las denunciantes, estos hechos constituyen “delitos de lesiones y tortura”, además de suponer una violación de derechos fundamentales. La defensa ha solicitado al juzgado la identificación de todos los agentes involucrados, recordando que la falta de número identificativo visible contraviene la normativa vigente”. La respuesta institucional, hasta el momento, ha minimizado los hechos: Montilla defendió que la actuación policial fue “correcta y adecuada” y negó la existencia de heridos por la intervención de los agentes.
Las organizaciones firmantes también exigen la ilegalización de las empresas de desalojos extrajudiciales y el fin de la colaboración policial con estas entidades, argumentando que “su actividad vulnera derechos fundamentales reconocidos por la ley”.
