Según el informe publicado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura de España (MNP) con los datos de 2023, en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), en ese año, había 378 agentes de policía cumpliendo alguna condena. De ellos, 47 estaban en prisión por abuso de autoridad, 59 por delitos contra “libertades sexuales”, véase, por violaciones y abusos sexuales, otros 43 por homicidios, y 29 por tortura o malos tratos. El resto, 200 casos, estaban recluidos por otras razones. A todo ello habría que añadirle los condenados por los mismos delitos en centros penitenciarios bajo competencia autonómica, como Catalunya y la Comunidad Autónoma Vasca.
Por otro lado, según los datos recogidos en el Plan de Derechos Humanos de España, en 2023 se presentaron 95 denuncias relacionadas con violencia policial; de estas, 49 fueron por agresiones que causaron lesiones y otras quince por tortura o malos tratos. Entre las víctimas que presentaron las denuncias, 97 eran adultos, diez menores y 29 personas migrantes. Además, en esas 95 denuncias, se señalaron a 161 agentes (100 de la Policía Nacional Española y 61 de la Guardia Civil), se iniciaron doce procedimientos disciplinarios y 99 procedimientos penales. Muchos de estos casos ocurrieron en acciones previas a una detención (48 casos) y en el momento de la detención (33 casos).
El informe también indica que numerosos procedimientos penales están en fase de tramitación o ya han sido archivados. En lo que respecta a la Policía Nacional Española, por ejemplo, se han encontrado siete absoluciones, cuatro archivos y 34 casos en trámite; en el caso de la Guardia Civil, seis absoluciones, 22 archivos y diecisiete en proceso. Según el propio informe, esta situación pone de manifiesto que muchos de estos casos no conllevan sanciones o consecuencias concretas, y subraya la ausencia casi absoluta de mecanismos de control, lo que ni siquiera permite ver la verdadera dimensión del problema.
