En Andalucía, alrededor del 29% de las viviendas no se utilizan como hogar principal, lo que equivale a más de 1,3 millones de inmuebles que permanecen vacíos, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno español. Este dato resalta un problema persistente en la comunidad, donde más de un millón de viviendas no cumplen su función como residencia habitual. Este fenómeno contrasta, a su vez, con las dificultades para acceder a una vivienda, especialmente en grandes ciudades y áreas turísticas donde la especulación inmobiliaria y el alquiler vacacional han limitado aún más la oferta de vivienda asequible.
En este contexto, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto con el objetivo de aumentar la construcción de viviendas protegidas (VPO). El plan establece la creación de “una bolsa de suelos disponibles para VPO en los municipios con más de 100.000 habitantes”, que deben entregar esta información en un plazo de tres meses. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada, ya que las medidas propuestas no abordan de manera integral los problemas estructurales del sector inmobiliario. La conversión de terrenos destinados a fines turísticos, por ejemplo, resulta intocable para la Junta de Andalucía.
Además, el decreto ha elevado los límites de ingresos familiares para acceder a viviendas protegidas, lo que ha generado dudas sobre si realmente beneficiará a los sectores más necesitados. Las medida buscan agilizar la construcción, pero el problema del acceso se mantiene. Por ello, los críticos apuntan que la Junta no toma medidas suficientes para frenar la especulación inmobiliaria ni para garantizar que las viviendas se destinen a quienes realmente las necesitan.
