Marruecos ha iniciado la construcción de un parque tecnológico en Fum al Ued, en la costa del Sáhara Occidental, con el objetivo de convertirlo en un centro de producción de “hidrógeno verde” y sus derivados. Según medios marroquíes, el consorcio ORNX, integrado por Ortus (EEUU), Nordex (Alemania) y Acciona (Estado español), ha sido seleccionado para liderar el proyecto, junto a la compañía local Nareva, vinculada al grupo Al Mada, propiedad de la familia real marroquí.
La inversión estimada es de 30.000 millones de euros y abarcará 300.000 hectáreas de suelo público, aunque aún no se han concretado plazos ni mecanismos de financiación. El desarrollo de este proyecto forma parte de la estrategia de Marruecos para alcanzar un 50% de energías “renovables” en su matriz eléctrica en 2030 y posicionarse como exportador de hidrógeno verde hacia la Unión Europea.
En este contexto, Rabat ha incorporado a compañías internacionales como Acwa Power (Arabia Saudí) y el consorcio chino UEG-CTG. El hidrógeno producido será transformado en amoniaco para facilitar su transporte, y se prevé que el puerto de Dajla Atlántico juegue un papel clave en la exportación de esta energía. “El viento permanente y las numerosas horas de sol auguran el mejor futuro para un ecosistema económico con energía limpia”, afirmó Munir Huari, director del Centro Regional de Inversiones de Dajla.
El Sáhara Occidental está ocupado por el Estado marroquí desde 1975, y hasta las Naciones Unidas lo siguen considerando como un territorio pendiente de descolonización. Sin embargo, esta categorización resulta irrelevante desde un punto de vista político, ya que los estados francés y español han reconocido recientemente la soberanía marroquí sobre el territorio, siendo estos de los pocos estados con potestad de presionar a la monarquía alauí al respecto.
Marruecos ha consolidado su control con el reconocimiento explícito de Madrid y París, sumado a la presencia de empresas extranjeras en la región. La explotación de recursos en el territorio sin un proceso de consulta con la población saharaui ha sido cuestionada en varias instancias internacionales, pero Rabat avanza con una política de hechos consumados, reforzando su soberanía de facto sobre la zona mediante proyectos estratégicos como este.
A pesar de que Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que cualquier explotación de recursos en el Sáhara Occidental requiere el consentimiento de su población, el reino avanza en sus planes con el permiso de países integrantes de la unión.
