“Este es el primer arresto de muchos que vendrán”, así se refirió Trump a la detención en Columbia del estudiante Mahmoud Khalil por parte de agentes del Servicio de Inmigración de EEUU. Khalil, refugiado palestino criado en Siria y residente en EEUU desde 2022, había liderado las protestas contra el genocidio en Gaza que tuvieron lugar el año pasado en el campus. Tras su detención, efectivamente, vinieron otras. Entre ellas la de la estudiante turca Rumeysa Ozturk, que en marzo de 2024 publicó un artículo propalestino en la revista de su universidad. Por si fuera poco, el Secretario de Estado, Marco Rubio, presume de haber revocado ya más de 300 visados: “Lo hacemos a diario. Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, le retiro el visado”.
A su vez, el gobierno de Trump puso en marcha un chantaje abierto a la Universidad de Columbia, epicentro de las acampadas del año pasado, retirándoles 400 millones en ayudas federales y condicionando su devolución a la adopción de un marco represivo más duro. Columbia, bastión ideológico de la burguesía liberal, no tardó en arrodillarse: expulsará o suspenderá a los alumnos involucrados en las protestas, vaciará sus departamentos de estudios de Oriente Medio, “adoptará, formalizará y promulgará” una definición de antisemitismo donde este se equipara al antisionismo e incluso contratará a 36 “oficiales especiales” encargados de expulsar o arrestar a cualquiera que violara estas normas. La actitud de Columbia, que pasó de enunciar que no aceptaría el chantaje a postrarse a los pies de Trump en apenas unos días, nos dice mucho sobre la utilidad de los liberales en la lucha contra la reacción. Con ello, por cierto, acaba pasando desapercibido que ya antes de la amenaza de Trump la universidad estaba reprimiendo con medidas que iban desde los expedientes a la expulsión o revocación de títulos al alumnado que había participado en la ocupación de uno de sus edificios.
Por poner las cosas en perspectiva: mientras Israel decapita niños con bombas y avanza hacia la colonización completa del pueblo palestino exterminio mediante, los gobiernos occidentales detienen, encarcelan y expulsan a quienes lo denuncian.
La ofensiva global contra los derechos políticos en la que se enmarca todo lo anterior es peculiarmente palpable en el caso de unas universidades que siempre han gustado de presentarse como un espacio de libertad, diálogo y pluralismo. Pero esta máscara liberal, que permitió durante décadas que las universidades funcionaran como un espacio clave de politización radical, está comenzando a deshacerse. El Estado y los capitales privados parecen decididos a erradicar progresivamente las condiciones que hicieron esto posible, avanzando hacia la plena implementación de un modelo puramente burocrático-coercitivo en sus formas y descaradamente mercantil en su contenido.
Así, las universidades han utilizado las medidas de excepción aprobadas durante el COVID y la desmovilización estudiantil que trajeron consigo para inaugurar una “nueva normalidad” de represión generalizada y despolitización obligatoria. Espacios estudiantiles clausurados, presencia permanente de la policía en las universidades, vetos a las organizaciones políticas, censuras de contenidos… Lo vimos en Granada hace unos días, cuando la policía detuvo a dos estudiantes que protestaban contra las provocaciones reaccionarias de Olona y su séquito; lo vimos en Barcelona, donde los permisos para realizar unas charlas fueron retirados con apenas unas horas de antelación en base a su contenido político; lo vemos en Madrid, donde el proyecto de Ley de Universidades de Ayuso promete avanzar hacia el arrinconamiento de toda actividad contestataria en los campus y la policía ha llamado a varios estudiantes a declarar por su protesta contra Espinosa de los Monteros… Y eso limitándonos a las últimas semanas y al Estado español.
Las universidades, debemos recordar, nunca fueron nuestras. Son las universidades del Estado capitalista y los capitales privados, sujetas a su dominio. No es la defensa de una universidad pública que nunca nos ha pertenecido, sino la defensa intransigente de los derechos políticos, lo que debe guiar nuestra práctica frente a su “nueva normalidad” de constante atropello. Y es la organización socialista, arraigada en los barrios y los centros de trabajo y estudio, quien debe encabezar el combate por preservar y ampliar nuestras condiciones de lucha a todos los niveles, denunciando cada nueva medida represiva y ejerciendo sin complejos aquello que querrían quitarnos. Solo así podrá llegar el día en que la educación sea verdaderamente nuestra.
