La empresa israelí Navitas Petroleum, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, impulsa un proyecto de explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 218 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Según documentos de ambas compañías y reportes de la agencia Telam, se prevé la perforación de 23 pozos a profundidades que oscilan entre los 180 y 500 metros, con una proyección de extracción de 300 millones de barriles de crudo durante un período de 30 años. El precio estimado del proyecto asciende a 25.500 millones de dólares.
Navitas, que posee el 65 % de participación en el emprendimiento, será la operadora principal, mientras que Rockhopper mantendrá el 35 % restante. El gobierno británico del archipiélago también se beneficiaría mediante el cobro de regalías, que podrían alcanzar los 6.000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de las propias empresas.
A pesar del impacto económico y geopolítico del proyecto, el gobierno de Javier Milei no ha expresado hasta ahora ninguna posición pública ni ha promovido acciones legales ante foros internacionales. Especialistas consultados por medios locales advierten que “la falta de una política activa sobre la soberanía en Malvinas abre la puerta a que los beneficios del recurso se concentren en manos de accionistas extranjeros”, especialmente del Estado de Israel, Reino Unido y Estados Unidos.
Además de las implicancias económicas y políticas, organizaciones ambientales señalan que el desarrollo de Sea Lion podría acarrear impactos ecológicos en una región ecológicamente sensible, y llaman a aplicar de forma rigurosa la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la ordenanza vigente en el archipiélago.
