La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que una de cada tres personas en el Estado español (alrededor del 33%) demore su jubilación en 2035, frente a cerca del 11,3% en 2025. Este repunte se observa tras las últimas reformas de las pensiones y se suma al aumento detectado desde 2022, cuando solo el 5,4% de las personas decidió esperar para acceder a la pensión.
La tendencia contrasta con el descenso de las jubilaciones anticipadas. Según la AIReF, estas han caído en 10 puntos respecto al total de altas, desde el 44,5% de 2016 a alrededor del 30% en 2024. Además, las jubilaciones anticipadas voluntarias pasaron del 23% en 2022 al 17,8% en 2023, y la reducción es aún más acusada en las pensiones máximas, que bajaron del 11,8% de 2021 al 0,8% actual.
La consecuencia más directa de estas variaciones es el incremento de la edad efectiva de jubilación, que se situaría en 66,2 años en 2035, un año más que los 65,2 actuales. En 2023, el grueso de trabajadores que se retira a los 65 años ha bajado hasta el 30%, extendiéndose la curva de altas hacia los 66 e incluso 67 años, lo que refuerza la previsión de que un 30% de los futuros jubilados se retire con 68.
Respecto al gasto, la Autoridad Fiscal lo sitúa de media en el 14,6% del PIB entre 2022 y 2050 (1,2 puntos por encima de lo que consideran aceptable), aunque después se compensa con otras medidas —como el retraso de la edad de jubilación— en un 1,4% .
Con este ajuste, el gasto neto calculado baja al 13,2%, por debajo del umbral del 13,4% que activaría la cláusula automática de corrección. A pesar de dar por válido el análisis, la propia agencia mencionaba —en un documento acerca de la sostenibilidad del gasto público— los riesgos del aumento del gasto militar, por lo que se pueden esperar correcciones más pesimistas a medida que se vaya aumentando dicho gasto.
