La Comisión Europea ha presentado este martes en Estrasburgo una hoja de ruta que establece el objetivo de poner fin a todas las importaciones de gas ruso en la Unión Europea antes de 2027.
El plan incluye la prohibición de nuevos contratos de gas con Moscú a partir de este año, la cancelación progresiva de los acuerdos en vigor, y medidas para minimizar el impacto económico de la ruptura de contratos existentes.
Aunque el documento no tiene valor legislativo, sienta las bases para futuras normativas y no requiere la unanimidad de los Estados miembros, sino una mayoría cualificada, lo que evitaría un veto por parte de Hungría.
“El mensaje a Rusia es claro: ‘No volverás a chantajear a nuestros Estados miembros. Los euros no volverán a llenar tu cofre de guerra. Tu gas será prohibido’”, declaró el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, durante la rueda de prensa.
Según datos de la Comisión, en 2024 la UE aún importó 52 bcm (mil millones de metros cúbicos) de gas ruso —32 bcm por gasoducto y 20 bcm en forma de gas natural licuado (GNL)—, equivalente al 13 % de las importaciones totales del bloque.
El Estado español figuró entre los diez países que mantuvieron importaciones. A ello se suma la adquisición de 2.800 toneladas de uranio ruso por parte de siete Estados miembros, mientras que otros tres —Chequia, Eslovaquia y Hungría— compraron 13 millones de toneladas adicionales.
Bruselas plantea también limitar el uso de uranio enriquecido ruso mediante barreras económicas, restricción de nuevos contratos y diversificación de proveedores para reactores soviéticos aún operativos.
El objetivo incluye sustituir estos materiales por “alternativas” europeas, incluyendo un futuro “Valle Europeo de Radioisótopos” enfocado en aplicaciones médicas.
El plan energético europeo contempla compensar la retirada del gas ruso con un aumento de las importaciones de GNL desde EEUU, Canadá y Qatar, nuevas infraestructuras de interconexión, terminales de GNL y proyectos internos como la explotación de yacimientos en Rumanía (8 bcm), así como el incremento del suministro desde Azerbaiyán.
También se prevén medidas para “mejorar la transparencia contractual” y promover fuentes “alternativas” como la electrificación, el biogás, el biometano y el hidrógeno.
La propuesta ha sido duramente criticada por el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien afirma que supone “una grave violación de la soberanía”, al contradecir la normativa europea sobre “libre elección energética nacional”.
