La última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) ha situado a 2,7 millones de niños y adolescentes (el 33,9 % del total) en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.
De ellos, el 28,9 % ya vive por debajo del umbral de pobreza, y uno de cada diez (867.000 personas) presenta carencias materiales graves. Con estos datos, el Estado español solo queda por detrás de Rumanía en la clasificación de pobreza infantil de la Unión Europea.
La brecha digital, además, agrava la desventaja económica, según varios estudios. En 2023, el 8,3 % de los menores (alrededor de 666.000) no pudieron acceder a un ordenador personal.
Esta carencia es más grave en hogares monoparentales en situación de pobreza severa: el 28,9 % no tiene ningún dispositivo informático, frente al 15,4 % en hogares biparentales en la misma situación.
Además, entre los adolescentes de 15 años, en el grupo de menores ingresos, el 51 % no dispone de ordenador de sobremesa, frente al 23,7 % de los adolescentes de mayores ingresos; y en cuanto a ordenadores portátiles, la diferencia es similar (17,7 % frente a 1,3 %).
Entre los adolescentes de hogares con bajos ingresos, el 89,1 % utilizan recursos digitales para estudiar, frente al 99,3 % de los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos.
En hogares pobres con menores de 16 años, el uso de plataformas educativas es 15 puntos inferior al de familias sin dificultades económicas, y el 30,8 % de los estudiantes de clase baja reconoce que no puede realizar las tareas digitales que se les solicitan.
Las consecuencias se reflejan en los informes PISA: los estudiantes en situación vulnerable obtuvieron 443 puntos en matemáticas, frente a los 523 puntos de aquellos con mejores recursos materiales, es decir, 80 puntos menos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que esta diferencia equivale a entre 35 y 40 puntos por curso escolar, por lo que disponer de más recursos materiales puede otorgar una ventaja equivalente a dos cursos completos.
