La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado dos años de prisión para dos personas que participaron en una protesta en noviembre de 2023 contra la presencia de la embajadora del Estado de Israel, Rodica Radian-Gordon, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Una de las acusadas, refugiada palestina residente en el Estado español desde hace diez años, podría ser expulsada si se aprueba la petición del Ministerio Público de sustituir la condena por una orden de deportación y prohibición de entrada durante cinco años, según el escrito de acusación difundido en redes sociales.
La Fiscalía imputa a ambas personas por “delitos de desórdenes públicos y atentado”, así como dos delitos de “leves de lesiones y maltrato de obra”. La petición incluye seis meses de prisión por “desórdenes públicos”, “dieciocho por atentado”, y multas económicas por los “delitos leves”.
En el caso de la persona en situación administrativa irregular, se solicita la aplicación del artículo 89.1 del Código Penal, que permite “sustituir penas privativas de libertad superiores a un año por la expulsión del territorio nacional”.
En el mismo documento, la Fiscalía requiere el ingreso provisional en prisión hasta que se ejecute la deportación. También se solicita una indemnización de 1.600 euros en total para un agente de la Policía Nacional española y otro particular.
Diversos colectivos estudiantiles y de solidaridad con Palestina, como Hibris UCM, han denunciado públicamente la actuación policial durante la protesta, alegando que los agentes permitieron la presencia de un pistolero israelí no identificado en el recinto universitario.
“Los policías consintieron que un matón israelí cargase su pistola y apuntase con ella a quienes protestamos contra la embajadora”, señala un comunicado difundido por el grupo.
Hasta la fecha, ni el Ministerio del Interior ni la Universidad Complutense han ofrecido nuevas explicaciones públicas sobre estos hechos.
