Actualmente hay 1.375 centros de protección de menores en el Estado español, que suman un total de 19.057 plazas, según recoge el II Estudio de los centros de acogimiento residencial en el ámbito de la protección a la infancia en España, elaborado por la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas y la Asociación Nuevo Futuro.
El informe, publicado en 2025, compara datos de 2021 y 2024 y revela un incremento de 28 centros y 300 plazas respecto al anterior informe. La media estatal es de 14 plazas por centro, aunque los dispositivos para menores migrantes presentan una media superior, con 16 plazas.
El estudio destaca que el 87,8% de los centros está gestionado por “entidades colaboradoras”, frente a un 12,2% de gestión pública directa.
Los centros públicos concentran el 19,9% de las plazas disponibles, con una media de 22 plazas por instalación, mientras que los gestionados por entidades privadas tienen una media de 12.
En cuanto a distribución geográfica, dos de cada tres centros se sitúan en municipios de más de 50.000 habitantes, y tres comunidades —Catalunya, Andalucía y Madrid— concentran la mitad del total de plazas. Catalunya encabeza la lista con 4.651, seguida de Andalucía (3.000) y Madrid (1.894).
Uno de los aspectos que marca tendencia es la disminución de centros específicos para menores migrantes no acompañados: han pasado de 260 en 2021 a 236 en 2024, lo que supone una reducción del 9,2%.
Algunas comunidades autónomas han aumentado estos recursos, como Balears, Aragón, Madrid o Castilla y León, mientras otras como Catalunya o Nafarroa han reducido notablemente su capacidad.
Galizia, Murcia y La Rioja siguen sin disponer de centros específicos, aunque el estudio advierte que en ocasiones estos menores son alojados en centros generales de forma “coyuntural”.
Entre los retos pendientes señalados por el informe, figura la supuesta eliminación de recursos residenciales para menores de seis años y la transformación progresiva de grandes centros en “hogares más pequeños”, objetivos que Moncloa y las comunidades autónomas prometen cumplir para 2031.
