El Gobierno español está ultimando una reforma que reorganizará miles de puestos de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) en áreas funcionales transversales, en lugar de la tradicional división por organismos.
Según informa El Mundo citando fuentes sindicales y del Ministerio de Función Pública, el nuevo esquema se aplicará inicialmente en un proyecto piloto de atención a la ciudadanía durante 2025 y, posteriormente, en futuras Ofertas de Empleo Público (OEP).
El Ministerio dirigido por Óscar López ha aprobado un catálogo con 24 áreas funcionales —como acción de Gobierno, políticas públicas, recursos humanos, defensa o justicia— que definirán las plazas ofertadas y permitirán que un mismo empleado público pueda ocupar distintos puestos en función de las necesidades detectadas.
El objetivo, según Función Pública, es “optimizar los recursos humanos”, “mejorar la adecuación de los procesos selectivos” y “facilitar la formación y evaluación del desempeño a lo largo de la carrera profesional”. El Ministerio sostiene que la reforma “no supondrá una limitación a la movilidad” de los empleados públicos.
Sin embargo, los sindicatos CSIF y UGT advierten de que la nueva organización “puede facilitar traslados forzosos entre organismos”, especialmente en áreas transversales, y “dificultar la movilidad voluntaria en áreas más específicas”. Denuncian que el catálogo se ha aprobado sin negociación previa y recuerdan que “cualquier reforma que afecte a las condiciones laborales debe ser negociada”.
El Ejecutivo reconoce la existencia de un déficit estructural de personal en la AGE, tras la pérdida de más de 20.000 empleos en la última década, y prevé que la reforma permita “una mejor planificación estratégica de los recursos humanos en línea con los compromisos adquiridos con la Unión Europea”.
