La provincia de Zamora (Castilla y León) se ha situado al frente de la respuesta social y política contra la supresión de once paradas del AVE Madrid-Galiza, una medida que entrará en vigor el 9 de junio y que afecta a estaciones de Sanabria, Segovia y Medina del Campo.
Según Renfe, la reestructuración responde a “la necesidad de mejorar la rentabilidad comercial de la línea y reducir los tiempos de viaje entre Madrid y Galicia”.
Sin embargo, la decisión ha provocado la movilización de más de 3.000 personas en la estación de Sanabria el pasado sábado, y una nueva concentración está convocada en Zamora capital por la Asociación de Usuarios del AVE para el próximo fin de semana.
Representantes de PP, PSOE e Izquierda Unida han expresado públicamente su rechazo verbal a la medida. Pablo Novo, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Zamora y presidente de la Mesa del Ferrocarril, ha declarado que “los nuevos horarios no responden a las necesidades de los vecinos de Zamora”.
La senadora del PP por Segovia, Paloma Sanz, ha afirmado que “ha sido un avance lograr gracias al AVE que fuera posible vivir en Segovia y trabajar en Madrid, pero estas supresiones perjudican esta posibilidad”.
El consejero de Movilidad de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, considera la decisión “desproporcionada para ahorrar unos minutos de viaje”.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, sostiene que han ordenado el servicio “con criterios técnicos y de interés general”, y niega que los cambios sean un recorte o una equivocación. Mientras tanto, la Mesa por el Ferrocarril, que agrupa a instituciones y partidos de la provincia, se reunirá para coordinar nuevas acciones.
La Diputación de Zamora ha anunciado que facilitará el traslado de manifestantes y la Asociación de Usuarios del AVE denuncia que la supresión de paradas supone “un nuevo agravio” para la provincia. Denuncian un perjuicio grave para la movilidad y la cohesión territorial, insistiendo en que la medida limita la movilidad de trabajadores, estudiantes y pensionistas, dificultando la vida en zonas rurales, según recogen El Confidencial, Europa Press y Cadena SER.
