Un total de 34.000 menores de edad fueron detenidos durante 2024 en América Latina y el Caribe, según el informe Niños privados de libertad en la administración de justicia, publicado por Unicef y compartido con la agencia EFE.
Esta cifra representa el 13% del total mundial de menores detenidos (259.000), lo que convierte a la región en la segunda con mayor número de adolescentes privados de libertad, solo por detrás de América del Norte.
Según la asesora de Protección Infantil de Unicef para la región, Kendra Gregson, “la mayoría de los niños, niñas y adolescentes son detenidos por delitos menores, como robar objetos de poco valor”, o bien están privados de libertad mientras esperan juicio.
El informe indica que la detención de menores sigue siendo una práctica extendida a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que debe ser un recurso “de último recurso y por el menor tiempo posible” (artículo 37).
Gregson advierte de los riesgos que esta medida conlleva: “la detención de menores de edad es sumamente perjudicial para su salud mental y física”, y cita un estudio de Naciones Unidas que asocia esta situación con altas tasas de depresión, autolesiones, disfunciones cognitivas y riesgo de violencia.
Pese a los datos, Unicef observa cierta reducción progresiva de las cifras en la región, pero partiendo de cifras disparadas con 46.000 menores detenidos en 2018 a 34.000 en 2024.
Gregson aclara que esta evolución “positiva” puede deberse a “buenas prácticas” adoptadas en algunos países y recuerda que, durante la pandemia de COVID-19, varios Estados optaron por liberar a menores en detención preventiva bajo “regímenes alternativos”.
No obstante, también señala una tendencia inversa en ciertos países, donde se ha impuesto la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal y se han alargado las penas, medidas que, según insisten desde la agencia de Naciones Unidas, no tienen correlación probada con la reducción de la delincuencia juvenil.
