La presidencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha solicitado públicamente la convocatoria de elecciones anticipadas y ha sugerido al Rey que actúe ante la actual situación de “bloqueo institucional”, en un movimiento que supone una de las intervenciones más directas de la Iglesia en la política reciente del Estado español.
El presidente de la CEE, Luis Argüello, ha planteado “la necesidad de que hablen los ciudadanos” como salida a la crisis, tras la aparición de presuntos casos de corrupción recientes que afectan al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Esta postura ha sido respaldada por el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, quien ha defendido que un adelanto electoral es “lo que conviene a España por encima de los intereses de los partidos” y advirtió que “la corrupción es uno de los cánceres de la democracia”, según recoge El País.
El pronunciamiento de la Iglesia ha generado un fuerte malestar en el Gobierno español, que acusa a los obispos de “apartarse de la neutralidad política e institucional”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha remitido una carta al presidente de la Conferencia Episcopal en la que le reprocha su intervención y vincula la petición de elecciones a la reacción de la Iglesia ante los casos de abusos y a debates legislativos pendientes, como la tipificación de las “terapias de conversión”.
El Ejecutivo sostiene que “la Conferencia Episcopal ha decidido apartarse de la neutralidad política y partidista e incluso del más elemental respeto institucional”, aunque asegura que “mantendrá el diálogo y el respeto en la relación Iglesia-Estado”.
La petición de la CEE marca un precedente en la relación entre la Iglesia y la política institucional española, al situarse abiertamente en el debate y aludir a la figura del Rey como actor constitucional. Fuentes eclesiásticas reconocen que el paso dado es “inaudito” y algunos sectores lo consideran una “extralimitación” respecto al papel tradicional de la Iglesia en la vida pública.
La Conferencia Episcopal justifica su posicionamiento en la “defensa del bien común” y “la necesidad de regenerar la vida política”, mientras Moncloa y parte de la sociedad cuestionan la legitimidad de su intervención en el actual contexto de crisis y desconfianza institucional.
