Los siete detenidos en Palma (Mallorca, Illes Balears) por presunta extorsión y amenazas a inquilinos han quedado en libertad tras declarar ante el juez, según reportes de fuentes judiciales difundidos por ultimahora.es. Los arrestados, la mayoría miembros de una organización del Coll d’en Rabassa con antecedentes en ilícitos inmobiliarios y tráfico de drogas desde al menos 2015, han sido puestos en libertad sin que se les impusieran medidas cautelares, ni órdenes de alejamiento respecto a las víctimas.
La “investigación” de la Policía Nacional española destapó una trama en la que los acusados alquilaban viviendas a personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría de origen latinoamericano, y tras unos meses les exigían pagos abusivos bajo amenazas de muerte. Si los inquilinos no aceptaban las subidas o no podían pagar, eran acosados hasta que abandonaban la vivienda, que luego era realquilada a nuevas víctimas. En algunos casos, los afectados fueron obligados incluso a trabajar en obras para saldar supuestas deudas.
La organización actuaba con una jerarquía definida: los miembros de mayor edad tomaban las decisiones, mientras otros se encargaban de captar inquilinos y de ejecutar las amenazas y coacciones. La operación policial, que continúa abierta, investiga también a otras tres personas relacionadas con la trama, sumando un total de diez implicados.
A pesar de la gravedad de los hechos —coacciones, amenazas, extorsión y pertenencia a grupo criminal—, el juez ha considerado que “no existen motivos suficientes para imponer medidas preventivas”, dado el “arraigo” de los acusados en la isla. Las fuerzas policiales mantiene la supuesta “investigación” y la “vigilancia” sobre el grupo, mientras las víctimas siguen sin protección judicial.