Antxon Alonso, considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como figura clave en la trama de adjudicaciones irregulares vinculada a la empresa navarra Servinabar, declaraba este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el marco del ‘caso Koldo’. Alonso comparece como investigado junto a Fernando Agustín Merino, exdirectivo de Acciona, ambos señalados por supuestos pagos de comisiones a cambio de contratos públicos.
El informe de la UCO sitúa a Alonso como presunto socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en Servinabar, y como intermediario entre Cerdán y EH Bildu para facilitar contactos políticos. Un contrato privado de 2016, hallado en el domicilio de Alonso, recoge la transferencia de 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar a Cerdán, aunque este último declaró que nunca llegó a formalizarse ni a pagarse, y que el documento fue destruido a petición suya tras decidir continuar en política. La empresa sostiene que Cerdán “no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar”.
El juez investiga si Servinabar actuó como canal para el pago de comisiones y si Alonso desempeñó un papel relevante en la obtención de adjudicaciones públicas, algunas de ellas en consorcio con Acciona, durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite en Nafarroa, y si existió una intermediación política relevante con EH Bildu, confirmada por Arnaldo Otegi. Por el momento, no se ha hallado patrimonio ilícito vinculado a Cerdán, pero el magistrado ha ordenado investigar las cuentas bancarias de los implicados y de las empresas beneficiarias.
