La Comisión Europea ha dirigido una de sus advertencias más duras al Gobierno español en el informe anual sobre el Estado de Derecho, señalando que el Gobierno español sigue sin siquiera comenzar a elaborar la estrategia anticorrupción que la ley exige desde septiembre de 2024. Bruselas alerta de que la falta de una hoja de ruta clara y unificada no solo incumple la normativa europea, sino que “expone al país a una fragmentación institucional y a una vigilancia insuficiente de las medidas anticorrupción”.
El informe, publicado en plena crisis política por los recientes escándalos que afectan al PSOE, subraya que sectores como la contratación pública, la financiación de partidos, los grandes contratos de servicios y las infraestructuras siguen siendo áreas de alto riesgo de corrupción en el Estado español. A pesar de algunas “mejoras técnicas”, como la reducción en la duración de ciertas investigaciones y la asignación de más recursos, Bruselas considera insuficientes los avances y lamenta la “lentitud” de los procesos judiciales y la baja tasa de condenas efectivas en casos de corrupción de alto nivel.
La Comisión advierte que “la percepción ciudadana de la corrupción en España es de las más altas de la Unión Europea”, con un 89% de la población convencida de que la corrupción está muy extendida, frente al 69% de media europea. Además, subraya que desde 2016 solo se han cerrado con éxito dos casos de corrupción relevantes.
Bruselas también critica la ausencia de avances en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, la falta de transparencia en la propiedad de medios de comunicación y la persistencia de ruedas de prensa sin preguntas o con exclusión de medios, lo que afecta a la libertad de información y a la rendición de cuentas.
El informe concluye que el Estado español necesita “más reformas, más rapidez y más ambición institucional” para cumplir los estándares europeos y “evitar que la corrupción siga siendo un problema estructural”. Por ello, la Comisión Europea reclama a Moncloa que acelere la adopción de una estrategia anticorrupción, refuerce la “independencia judicial” y garantice “una supervisión efectiva y transparente de todos los sectores de riesgo”.
