Las estrategias socialdemócratas con discursos aparentemente transformadores mantienen su vigorosidad mientras se presentan como plataformas electorales, que se oponen al partido en el gobierno. Sin embargo, las costuras suelen empezar a estrecharse en cuanto tocan algo de poder y les toca administrar parte del gobierno burgués. Es lo que le sucedió a Podemos en el Gobierno español o a Syriza en Grecia. Para el caso vasco, empero, los límites de la estrategia socialdemócrata aún no son visibles para la gran mayoría del electorado de izquierdas, embelesado por el aparentemente imparable aumento electoral de EHBildu y entusiasmado con una virtual nueva forma de gobernanza que no podría materializarse del todo hasta llegar al Parlamento Vasco. Bajo esta premisa, todas las contradicciones a las que se enfrente EHBildu no son expresiones prematuras de los límites intrínsecos que se encontrará –y se agudizarán con el tiempo– sino piedras en el camino que deben apartarse y acumularse en las cunetas.
Aún deben suceder muchas cosas para que a nivel social sea comprensible y visible que dicha estrategia no sólo no transformará sustancialmente la sociedad, sino que se llevará por delante gran parte de las condiciones políticas y culturales que habían vertebrado la izquierda radical en Euskal Herria. Aun así, ya disponemos de un ejemplo claro que sintetiza hoy los límites de la socialdemocracia vasca: Iruñea. La alcaldía de esta ciudad se negoció a puerta cerrada entre EHBildu y Santos Cerdán, consiguiendo que el PSOE se la cediera la izquierda nacionalista. No sabemos exactamente qué contrapartidas tuvo que aceptar EHBildu a cambio, pero lo que sí sabemos es que tenía mucho que ver con el apoyo incondicional de éste al Gobierno de Sánchez. Es evidente que en los momentos más decisivos del Gobierno, la actitud de la Izquierda Abertzale ha sido templada: cuando se ha firmado un aumento del presupuesto militar histórico, cuando se han conocido más casos de corrupción del PSOE, cuando se han aprobado medidas más duras contra la inmigración… El precio político a pagar ha sido alto, por lo que cabría preguntarse si vale la pena; si la alcaldía en Iruñea supone un avance tan sustancial como para tragar semejantes sapos. La respuesta es, evidentemente, no.
Lo que ha sucedido en esta ciudad las últimas semanas, en materia de desahucios, de violencia policial y de ataque a los derechos políticos, da buena cuenta de ello: con el inicio de los Sanfermines, la policía municipal y la policía nacional han realizado una verdadera caza contra la propaganda política. Como han denunciado numerosos colectivos, más de 50 personas han sido identificadas, la propaganda ha sido inmediatamente retirada y numerosos jóvenes fueron apaleados por la policía al tratar de introducir reivindicaciones políticas en el txupinazo. El video de un joven siendo estrangulado durante 4 agónicos minutos da buena cuenta de ello. A pesar de la represión, EHKS consiguió introducir una pancarta que rezaba “Destroy Israel”. Al día siguiente, el Sindicato Socialista de Vivienda se preparaba para cantar una jota reivindicativa en la tradicional procesión de Sanfermines, ante lo cual, la policía municipal identificó a los militantes y un policía decía “si es reivindicativa no es una jota (…) Si hay algo reivindicativo en la jota serán sancionados”. Son niveles de persecución política y de represión muy similares a los que se vivían con UPN.
Ante estos acontecimientos, la respuesta del Ayuntamiento de Asiron ha sido optar por el silencio, y la de la comunidad política de la Izquierda Abertzale, la defensa sectaria de su partido. Hemos tenido que escuchar cosas como que los jóvenes apaleados se lo merecían por no haber sido lo suficientemente avispados a la hora de meter sus pancartas en el txupinazo; o que el hecho de que las críticas al Ayuntamiento provengan tanto de los sectores más recalcitrantemente reaccionarios como de los comunistas, es suficiente prueba de que lo están haciendo bien. Hemos tenido que aguantar las portadas en el periódico Naiz que titulaban “El txupinazo por los derechos humanos” cuando a escasos metros de la foto que ilustraba esta noticia estaban estrangulando a un joven. La defensa sectaria, no de un proyecto político, sino de un partido, les conduce a justificar absolutamente todo: callan ante la represión policial o directamente la justifican, callan ante desahucios ilegales y reconducen toda la contestación social a las vías institucionales. Imbuidos en una lógica narcisista, creen que al llegar ellos a la administración dejan de ser autoridad y que por lo tanto, toda iniciativa contestataria está de sobra. Esto es la muerte misma de la política de calle, de la verdadera política. Lo curioso es que si se tratara de cualquier otro Ayuntamiento la Izquierda Abertzale institucional, acompañada por su base social, estaría señalando la responsabilidad política del PNV. Porque cuando del PNV se trata, hasta el acto más marginal del último ertzaina de la fila tiene responsabilidades políticas. Todas ellas, sin embargo, desaparecen cuando de EHBildu se trata: o bien el Ayuntamiento no tiene control sobre su propia policía municipal, o bien sí lo tiene, pero todo acto debe ser justificado bajo la vaga promesa de un proyecto futurible más justo y social.
El problema es que la vía escogida para ese virtual proyecto transformador hipoteca las condiciones de posibilidad de cualquier cambio en positivo. Han pagado un precio muy alto por esta alcaldía, y ni siquiera la política municipal que están desarrollando –más allá de algunas cuestiones simbólicas– justifica las pérdidas políticas. La defensa de los derechos políticos, de la posibilidad misma de hacer política en la calle, y la defensa de la independencia política de la clase trabajadora organizada son mínimos irrenunciables, nunca relativos a quien gobierne. Estos acontecimientos no sólo demuestran que todas las instituciones burguesas (juzgados, policía, administraciones…) actúan por definición contra la clase trabajadora y sus expresiones organizadas. Demuestran, además, que los partidos socialdemócratas, presos de su lógica electoralista, optan siempre por ocultar el carácter estructural de estas instituciones y por criminalizar a quienes las señalan.
