Aumenta la presión sobre la Universitat de Barcelona (UB) tras la publicación de testimonios que acusan al catedrático emérito Ramón Flecha de abuso de poder y coerción sexual durante décadas al frente del grupo de investigación CREA. Más de 250 profesores universitarios de distintos territorios y decenas de entidades feministas han reclamado a la UB que abra una investigación urgente y adopte medidas cautelares, como la suspensión de cualquier función académica de Flecha y de la actual directora de CREA, Marta Soler.
Las denuncias, recogidas en una carta remitida al rector y en investigaciones de elDiario.es, RTVE Noticias, Infolibre y Ràdio 4-RNE, señalan que Flecha aprovechaba su posición jerárquica para mantener relaciones sexuales con becarias, doctorandas y subordinadas, en un contexto de presión psicológica y dependencia profesional. Las víctimas relatan situaciones de control, aislamiento y manipulación, y describen un sistema de abusos mantenido durante años dentro del grupo CREA.
El caso ha provocado una reacción en cadena: la Junta de la Facultad de Educación de la UB, integrada por una cuarentena de docentes, se ha sumado al manifiesto de la Asamblea Feminista que exige la apertura de una investigación independiente y la suspensión cautelar de Flecha y Soler. La Generalitat, por su parte, ha suspendido temporalmente un premio a la directora de CREA mientras se esclarecen los hechos.
Ramón Flecha niega todas las acusaciones, asegura que ni él ni la universidad han recibido ninguna denuncia formal y considera que se habría puesto en marcha “una campaña de descrédito basada en el anonimato”. Sin embargo, las denunciantes y sus abogadas insisten en que la institución universitaria tiene conocimiento directo de los hechos y debe actuar de oficio, sin trasladar la carga de activar los mecanismos de protección solo a las víctimas.
El caso Flecha, considerado por la Asamblea Feminista de la UB como “el más grave en una universidad española”, ha puesto en evidencia la ineficacia de los protocolos antiacoso en el ámbito académico. La universidad, por ahora, mantiene que CREA “ya no está adscrito a la UB” y que “no puede abrir expediente disciplinario sin denuncia formal”, aunque ha mostrado “su voluntad de colaborar con las partes implicadas”.
“La presunción de estas prácticas sectarias y sexuales atribuidas a CREA y a su líder se ha prolongado a lo largo de muchos años, lo que quiere decir que la actuación de las autoridades académicas durante todo este período o no ha existido o, como mínimo, ha sido claramente insuficiente”, denuncia la carta de apoyo de la Facultad de Educación. El caso sigue abierto y la presión institucional y social para que la UB actúe es cada vez mayor.
