El juez de instrucción de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, en el marco de una investigación sobre presunta corrupción relacionada con la aprobación de leyes que habrían favorecido a empresas de gases industriales, clientes del despacho Equipo Económico (EE), fundado por el propio Montoro antes de asumir el cargo en el Gobierno español.
La causa engloba a 28 personas físicas y seis jurídicas, por delitos como cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el auto judicial, Montoro habría aprovechado su posición para impulsar modificaciones normativas que beneficiaban a las citadas empresas, obteniendo ingresos indirectos a través del despacho relacionado con su actividad previa.
Tras conocerse la imputación, el PP ha salido en defensa de su exministro. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura, Juan Bravo, ha declarado en una entrevista que, “a diferencia de las causas que afectan al PSOE, aquí no hay prostitutas, ni colocación de amigas, ni mordidas”
Bravo ha recordado que “esta causa ya fue archivada anteriormente” y ha resaltado que las normas supuestamente irregulares “siguen vigentes después de siete años de gobierno socialista”, cuestionando por qué no han sido modificadas si eran perjudiciales.
El PP reitera que las iniciativas legales en cuestión se tramitaron como leyes de presupuestos, “pasando todos los controles internos”, y llama al respeto del trabajo de jueces y fiscales, pidiendo que “se dote de los máximos recursos para poder investigar cualquier cuestión que pueda generar la más mínima duda”.
La investigación sobre Montoro supone un nuevo revés judicial en la relación entre política profesional y sector empresarial, reavivando el fuego cruzado entre los principales partidos estatales sobre las distintas caras de la corrupción institucionalizada.
