La falta de acuerdo entre el Gobierno español y las comunidades autónomas mantiene bloqueado el llamado “reparto” de menores migrantes, una situación que deja a casi 6.000 niños y adolescentes atrapados en centros saturados de Canarias. La conferencia sectorial prevista para acordar la distribución ha quedado en nada, después de que las regiones del Partido Popular decidieran ausentarse y recurrir el plan del Ejecutivo ante el Constitucional.
Este nuevo episodio de desacuerdo institucional incrementa la presión sobre el día a día en las islas, donde muchos jóvenes, algunos menores de 14 años, llevan meses esperando una oportunidad de reasentamiento fuera del colapso. Trabajadores sociales y entidades de acogida describen contextos de hacinamiento, recursos al límite y una creciente sensación de abandono entre los menores, condenados a una espera indefinida marcada por la incertidumbre y la falta de perspectivas.
Pese a que el Gobierno español insiste en que “los traslados comenzarán a finales de agosto” y confía en realizar el reparto en un año, en el archipiélago crece el escepticismo. Las organizaciones denuncian que la crispación política solo retrasa soluciones efectivas y deja a los menores en una vulnerabilidad extrema, apartados de cualquier proyecto educativo y sin garantías de protección.
Mientras la crisis se usa como arma arrojadiza entre partidos políticos institucionales, las vidas de estos menores quedan suspendidas, con el miedo de que la emergencia se cronifique y la “solidaridad territorial” que prometieron las instituciones siga sin materializarse.
