Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), titulado Apoyo para los ingresos de los individuos en edad laboral y sus familias certifica que, si alguien “vive de las ayudas” en el Estado español, esas son las familias ricas. Y es que las familias más adineradas reciben más del 30% de las transferencias públicas, mientras las más pobres perciben apenas un 12%. Es más, el mismo informe, que data de 2022, señala que el 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Por ello, la OCDE sitúa al Estado español como el cuarto país del más regresivo del mundo en ese sentido.
En la otra cara de la moneda, las personas migrantes son aquellas que, tras superar incontables barreras, se ven obligadas a trabajar en empleos devaluados. Pese a suponer cerca del 18% de la población actual en el Estado español, el 42,3% trabaja en empleo doméstico (sin cobertura completa de desempleo), el 25,7% en agricultura con jornadas extenuantes, y el 25,8% en hostelería con salarios un 30% inferiores a la media española. Pese a estas condiciones manifiestamente desfavorables, la Ley de Extranjería (Art. 14) les niega acceso a prestaciones por desempleo, becas de formación o incluso cuentas bancarias para recibir ayudas, perpetuando un ciclo de explotación.
Frente a los discursos hegemónicos que sostiene que “los inmigrantes acaparan las ayudas”, los datos desmienten su narrativa, dejando patente que solo el 26,1% de beneficiarios del IMV (Ingreso Mínimo Vital) son extranjeros (Ministerio de Derechos Sociales), y apenas el 11% de las personas migrantes percibe algún tipo de asistencia social (ISEAK) —frente al 55% que la población percibe—. Esta exclusión es aún más grave al contrastarla con su vulnerabilidad: el 60,4% de extracomunitarios y el 35,2% de comunitarios (provenientes de algun país de la comunidad europea) viven en riesgo de pobreza (frente al 22,8% de nativos), pero las trabas administrativas bloquean su acceso a redes de protección social del Estado.
Además de esto, las personas migrantes no pueden acceder a subsidios de alquiler (reservados a residentes legales con historial contributivo), ni al 70% de programas de inserción laboral, por falta de permisos.
