La Unión Europea mantiene sin ejecutar un 51% del fondo de recuperación aprobado para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, según los últimos datos de la Comisión Europea. De los 650.000 millones de euros previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, hasta la fecha se han desembolsado 317.500 millones (206.000 millones en subvenciones y 111.170 millones en préstamos), lo que supone tan solo el 49% del total. Los Estados miembros disponen de poco más de un año, hasta el 31 de agosto de 2026, para utilizar la financiación restante, plazo tras el cual no está prevista ninguna prórroga.
La ejecución “más lenta de lo esperado” se atribuye a varios factores coyunturales reconocidos por la propia Comisión: empezando por el volumen sin precedentes del fondo, el impacto de la guerra de Ucrania, los cambios derivados de la crisis energética y la carga burocrática de los planes de cada estado. Para intentar acelerar el gasto, Bruselas ha ofrecido flexibilidad para modificar, sustituir o ampliar actuaciones, recomendando a los países concentrarse sólo en medidas que puedan implementarse a tiempo. El Gobierno español, la segunda mayor beneficiaria, está valorando estas opciones de flexibilidad, con el objetivo declarado de no dejar “ni un euro sin ejecutar” y maximizar el impacto de los fondos disponibles.
La Comisión defiende el “éxito estructural” del fondo —por su impacto inicial en la estabilidad financiera y la inversión pública—, pero al mismo tiempo reconoce que una parte sustancial podría no ejecutarse. Legalmente sería posible ampliar el plazo, pero Bruselas lo descarta por presión de los países contribuyentes netos, que prefieren evitar aumentar la emisión de deuda si los fondos no se usan del todo. El modelo de condicionar el uso de recursos al cumplimiento de reformas e inversiones se replicará en el próximo presupuesto europeo, pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre las dificultades de absorción y control.