Mientras el foco de la atencion mediática se situa en la falaz criminalización de los sectores más vulnerables de la sociedad, numerosos estudios, pasados y presentes, ayudan a atisbar el alcance de cada tipo de delincuencia. Según un artículo de la abogada estadounidense Jennifer Taub, se puede concluir con certeza que la delincuencia de élite económica genera un impacto que supera con creces al de la “delincuencia común”.
En los Estados Unidos de Amércia, los delitos calificados como “de cuello blanco” mueven entre 300.000 y 800.000 millones de dólares anuales, frente a apenas 16.000 millones generados por robos, hurtos y asaltos tradicionales. Esto significa que, incluso tomando la cifra mínima, el impacto de la delincuencia empresarial y política es al menos 18 veces mayor que el de la delincuencia convencional, más asociada a los sectores sociales depauperados y marginados.
La concentración de riqueza facilita la perpetración y el encubrimiento de estos delitos: Oxfam señala que las ocho personas más ricas del planeta acumulan más riqueza que los 4.000 millones de habitantes más pobres, y que desde 2015 el 1 % más rico posee más bienes que el restante 99 % de la población. Entre 1988 y 2011, los ingresos del 10 % más pobre aumentaron en menos de 3 dólares anuales, mientras que los del 1 % más rico crecieron 182 veces más, lo que refuerza su capacidad de influir en la legislación y en los órganos de control con millonarias partidas de lobby.
La impunidad es otra de sus grandes ventajas. Mientras que la delincuencia común alcanza una tasa de detección del 85 % y una tasa de condena del 75 %, los delitos de cuello blanco apenas registran detección en el 15–35 % de los casos y condenas en el 8–25 %. Además, las sanciones económicas y los años de prisión medios son inferiores a los de los crímenes violentos o contra la propiedad de menor cuantía, lo que demuestra que la justicia penal no es igualitaria.
A nivel per cápita, la brecha también es notable, ya que estudios recientes estiman que se cometen 25 delitos económicos por cada 1.000 personas de clase alta, frente a solo 1 por cada 1.000 en la clase baja. En el estado español, por ejemplo, el 61 % de las empresas con más de 100 empleados ha experimentado episodios de corrupción en el año 2023, comparado con el 50 % de las medianas, el 45 % de las pequeñas y el 38 % de las microempresas, lo que demuestra una correlación directa con el tamaño y el estatus empresarial.
