El sumario judicial sobre la actuación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro revela que, durante su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, impulsó reformas legislativas para beneficiar fiscalmente a las grandes empresas gasistas del Estado español. Estas iniciativas, tramitadas en 2014, suscitaron fuertes roces dentro del Ejecutivo, especialmente con el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y se elaboraron “contra el criterio de los técnicos” de Hacienda, según confirman informes de la Agencia Tributaria y comunicaciones internas recogidas por RTVE.
La investigación apunta a que compañías como Redexis, Madrileña Red de Gas y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) acudieron al despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, ante la negativa inicial del Ministerio. La instrucción sostiene que el bufete operaba como “canal de influencia directa sobre Hacienda”, a cambio de pagos que solo por parte de AFGIM superaron los 770.000 euros. Otras empresas energéticas, como Ferrovial o Abengoa, también recurrieron al despacho para conseguir reformas legislativas favorables.
Las modificaciones legales permitieron a las gasistas ahorrarse entre 50 y 136 millones de euros a costa del erario público, justo en plena crisis económica. El juez apunta que Montoro, ya dado de baja en el Partido Popular, desempeñó un “rol nuclear” en la supuesta red, abusando de su potestad legislativa y colocando en cargos clave del Ministerio a personas con vínculos estrechos con su anterior despacho. De este modo, según la investigación, se garantizaría que los textos legales se adaptasen “a demanda” de las empresas que contrataban sus servicios.
El caso, todavía en fase de instrucción, implica a antiguos altos cargos del Gobierno de Rajoy, asesores y directivos de varias multinacionales. Los Mossos d’Esquadra han documentado más de 12 millones de euros en pagos a Equipo Económico por parte de distintas empresas, no solo del sector energético, sino también del juego, la construcción y el transporte.
El caso vuelve a poner el foco sobre las presuntas “puertas giratorias” entre el poder público y el despacho que fundó el exministro, una de las figuras clave del área económica del Partido Popular durante una de las etapas más críticas de la pasada década. Además, la trama pone de relieve la naturaleza de los vínculos entre el poder económico y el político en el Estado español.
