Este 10 de septiembre, el movimiento Bloqueemos todo convocó una masiva jornada de protesta en el Estado francés, con el objetivo declarado de paralizar el país en rechazo al paquete de recortes de 44.000 millones de euros del presupuesto 2026 promovido inicialmente por el ya cesado primer ministro François Bayrou.

A pesar de concentrar a más manifestantes de lo esperado —175.000 según el Ministerio del Interior, y hasta 250.000 para la CGT sindical— y de bloquear temporalmente vías esenciales en varias ciudades, el movimiento no habría logrado su objetivo de paralización, principalmente debido a un despliegue policial sin precedentes compuesto por una dotación de 80.000 agentes desplegados a nivel estatal.

Desde primera hora, se registraron cerca de 470 detenciones en diversas ciudades, con una fuerte concentración en París y su área metropolitana, donde la policía utilizó gases lacrimógenos y cargas para dispersar a manifestantes en zonas como la estación Gare du Nord y la plaza de Châtelet.

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Los manifestantes bloquearon carreteras, accesos a aeropuertos, instalaciones eléctricas y líneas de tren, y levantaron barricadas en puntos clave de ciudades como Lyon, Marsella, Rennes y Burdeos. La jornada también incluyó el cierre parcial o total de centros educativos y museos, afectando con huelgas sectores estratégicos como el comercio menor y el transporte.

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"Tolerancia cero"

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, destacó la “reactividad” policial para frustrar los bloqueos y calificó a la “extrema izquierda” como responsable de "distorsionar" la movilización, anunciando una política de “tolerancia cero” ante cualquier intento de paralización del país.

Mientras tanto, sindicatos y partidos políticos de izquierda institucionales, como la Francia Insumisa y los ecologistas, respaldaron parcialmente la protesta, que se sumó al creciente malestar social por la inflación, el desempleo y la percepción de un sistema con marcadas desigualdades donde las élites económicas ejercen su dominio. Las protestas muestran la incertidumbre y descontento popular ante decisiones que afectarán directamente en el nivel de vida y las condiciones laborales de la clase obrera francesa, y que amenazan con prolongar la conflictividad social, con nuevas movilizaciones previstas para el 18 de septiembre.

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Lecornu toma posesión

La convocatoria coincidió con la toma de posesión de Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, quien reemplaza a Bayrou y cuya agenda presupuestaria está pendiente de presentación, con plazos fijados para mediados de octubre. Lecornu, ministro de Defensa y fiel colaborador del presidente Emmanuel Macron, es el único ministro que ha permanecido en el Gobierno desde 2017. De perfil conservador y gestión discreta, se ha convertido en una figura del consenso interno del macronismo.

Su primera misión será negociar con la izquierda y la derecha para conseguir aprobar un presupuesto de austeridad para 2026, que enfrentará resistencia en un Parlamento dividido y con la amenaza de la movilización social y sindical. El hombre de confianza del presidente prometió “cambios radicales” y ser “más creativo” para “superar” las fracturas políticas y sociales que afectan al país galo, aunque su designación ha sido fuertemente criticada por la izquierda y cuestionado por la extrema derecha, que lo consideran un continuador del macronismo tradicional sin voluntad de renovación real. Diferentes sectores consideran que su nombramiento no refleja la nueva realidad parlamentaria y rompe la regla no escrita de la designación de un primer ministro del partido que ha ganado las legislativas. Con un macronismo desgastado y sus rivales en alza, especialmente la extrema derecha, su gestión promete desarrollarse en medio de un escenario social convulso, con protestas masivas y retos financieros que definen el futuro político del país.