Desde el año 2023, la situación social y política en Grecia es de máxima tensión. Tras el accidente de tren de Tempi, ocurrido en febrero de ese mismo año con 57 víctimas mortales y del cual se hizo responsable al Gobierno y a sus políticas de recortes y privatizaciones, el país heleno ha vivido una oleada de huelgas generales y movilizaciones históricas. En septiembre del 2023, el parlamento, con mayoría absoluta de la consevadora Nueva Democracia, aprobó un proyecto de reforma laboral que reanudó las protestas en la calle. 

En febrero de 2025, coincidiendo con el segundo aniversario del accidente ferroviario, los sindicatos llamaron a una huelga general en contra de las medidas de austeridad que volvió a paralizar el país. El pasado 6 de septiembre, miles de trabajadores y estudiantes salieron a las calles en Atenas y Tesalonica, ya que la reforma laboral aprobada hace dos años se encuentra ya en fase de implementación general. 

Bajo el precedente de las huelgas de los últimos años, los sindicatos griegos han hecho otro llamamiento a la huelga general para finales de septiembre, con el objetivo de tumbar la reforma, además de exigir medidas contra la inflación y el aumento de los salarios. 

Uno de los puntos más duros de la reforma es que "habilita" a los trabajadores a combinar dos empleos a tiempo completo, alcanzando hasta 13 horas diarias o 78 horas semanales, cosa que ya ocurre en la práctica en numerosas ocasiones, pero cuya legalización supone un precedente peligroso para la clase obrera otros países de la Unión Europea. Además, durante el primer año de contrato, los trabajadores no recibirían ninguna indemnización si son despedidos.

Aumento de la jornada obligatorio de facto y restricción del derecho a huelga

Otra de las medidas contempladas en la reforma es que permite que sectores como la industria y el turismo añadan un sexto día laboral, remunerado con un recargo del 40% sobre el salario habitual. Estas medidas se presentan como "voluntarias", pero los sindicatos helenos advierten de la casi nula inspección que en muchas ocasiones las convierte de facto en obligatorias. La norma impone, además, restricciones significativas al derecho a la huelga ya que las sanciones por bloquear accesos durante huelgas y protestas incluyen multas de hasta 5.000 euros y penas de prisión de hasta seis meses.

Contratos de cero horas

Otro punto controvertido son los contratos de “cero horas” o "de guardia", que permiten a los empleadores convocar a los empleados con apenas 24 horas de antelación y sin compromiso de jornada mínima. La norma no especifica si esta notificación debe ser por escrito, por correo electrónico o por mensaje de texto, lo que deja margen para interpretaciones ambiguas. El trabajador deberá aceptar el turno asignado, y su remuneración se limitará únicamente a las horas efectivamente trabajadas.