El Banco Itaú, la mayor entidad financiera privada de Brasil, despidió la semana pasada a aproximadamente mil empleados de sus oficinas en São Paulo tras detectar "largos periodos de inactividad de hasta cuatro horas o más en sus ordenadores durante el teletrabajo". Esta medida se tomó luego de "una auditoría interna de productividad" que duró seis meses, cuyo objetivo declarado fue "garantizar la eficacia del modelo híbrido que combina trabajo presencial y remoto", según fuentes oficiales del banco recogidos por las agencias internacionales.

La Federación de Bancarios de São Paulo y otros sindicatos han calificado la medida como abusiva y basada en un criterio simplista, porque no considera aspectos esenciales del teletrabajo, como reuniones telefónicas, revisión de documentos impresos, coordinación con equipos o interrupciones técnicas y de salud. Los sindicatos critican también la ausencia de diálogo previo con la plantilla y la falta de advertencias o intentos de corrección antes del despido masivo.

Con la protesta sindical, se denuncia la falta de humanidad y se exige la readmisión de los trabajadores afectados, así como una negociación transparente para establecer criterios claros que respeten las condiciones del teletrabajo.

El banco defendió su decisión, asegurando que fue resultado de una “revisión criteriosa” y que buscan "preservar la cultura organizacional y la confianza con clientes y empleados", aunque el debate ha relanzado la discusión sobre los límites de la vigilancia digital sobre la clase trabajadora y la protección de derechos laborales en el contexto postpandemia.

El despido masivo ha generado preocupación social sobre la precarización en el empleo y el aumento de la supervisión tecnológica en el ámbito laboral, coincidendo con una etapa de transformación digital acelerada que altera los modelos de trabajo y derechos asociados en Brasil y Latinoamérica.