El anunciado crecimiento económico del 20,4% en el ingreso medio de la Unión Europea desde 2010 esconde una brecha notable en la que 93,3 millones de personas (el 21% de la población) seguían en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024. Los últimos datos de Eurostat, recogidos en el dossier Key figures on european living conditions 2025 desmontan la narrativa de que europa sería capaz de funcionar como bloque económico homogéneo, pintando el panorama de una UE con dos "velocidades" muy distintas en el ambito económico: la de los Estados miembros nórdicos y occidentales y la del sur y este.

El Estado español, con un ingreso medio disponible por debajo de la media de la UE de 21.253 PPS (estándar de poder adquisitivo o Purchasing Power Standard por sus siglas en inglés), ejemplifica esta segunda categoría, donde la población se enfrenta a privaciones materiales y una desigualdad estructural persistente.

86,2% de los hogares griegos y el 77,2% de los búlgaros declaran tener dificultades para llegar a fin de mes

Mientras el ingreso medio disponible en Luxemburgo alcanza los 37.781 PPS, en Eslovaquia es de apenas 11.433 PPS. Esta disparidad, equivalente a una diferencia de más de tres veces, se replica en la experiencia cotidiana de la población. El 86,2% de los hogares griegos y el 77,2% de los búlgaros declaran tener dificultades para llegar a fin de mes, una cifra que evidencia la presión sobre las economías domésticas frente a la media europea del 17,4%. 

En el Estado español, la desigualdad es especialmente grave entre la población infantil, donde la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social supera en 9,0 puntos porcentuales a la del siguiente grupo más afectado, situándose como una de las brechas más altas de la UE. A nivel comunitario, los niños son el grupo de edad más afectado (24,5%). La educación se erige como la gran frontera: el riesgo de pobreza para un adulto con baja cualificación (33,9%) es más del triple que para uno con estudios superiores (10,2%).

Por último, el hecho de que el 8,2% de la población con empleo se encuentre en situación de pobreza demuestra que tener un salario no sirve para la reproducción de la fuerza de trabajo, ni representa un escudo suficiente frente a los discursos que apelan a la "vagancia". Además, volviendo al caso del Estado español, este presenta una de las tasas más preocupantes de discriminación en el acceso a necesidades básicas, con un creciente 9,0% de la población sintiéndose discriminada al buscar vivienda, tanto por criterios económicos como raciales, de sexo, etc.