Casi la mitad de la población del Estado español apoya que tener más de una o dos viviendas sea ilegal
El número de personas que tienen 5 propiedades o más aumentó un 121% entre 2008 y 2024, mientras los que tenían una única propiedad descendieron un 1%.
Una proporción significativa de la población del Estado español sostiene que poseer más de dos viviendas debería considerarse ilegal, según datos recientes de encuestas realizadas por el instituto 40dB para El País y la Cadena SER en 2025. El 48,9% de la población expresa que el número máximo permitido de viviendas por persona debería ser entre una y dos, ante las crecientes presiones de acceso y asequibilidad de la vivienda que afectan a gran parte de la clase trabajadora.
Este sentimiento popular se da en medio de un mercado inmobiliario en el que el 23% de los adultos está demandando vivienda, bien para compra o alquiler, mientras la demanda por comprar supera levemente a la de alquilar, con un 48% frente a un 41% respectivamente.
El apoyo a esta restricción no solo proviene de los inquilinos, quienes son mayoría en considerarla necesaria (55%), sino también de un porcentaje relevante de propietarios (36%) y se extiende a lo largo del espectro político incluyendo abstencionistas y votantes de diversas tendencias ideológicas, incluso dentro de la derecha y la extrema derecha: un 44% de los votantes del PP y un 35% entre los de Vox apoyarían una medida semejante.
La medida responde a un contexto de precios en alza sostenida del 12,7% en el último año y una creciente concentración en la propiedad de viviendas. Según datos del Catastro, entre 2008 y 2024, los propietarios con una sola vivienda en propiedad han descendido un 1%, los que tienen entre 2 y 4 han aumentado un 46%, mientras los que tienen 5 o más han aumentado un 121%. De estos datos se deduce que cada vez menos gente una única propiedad y que cada vez más personas tienen más propiedades.
El debate social sobre limitar el número máximo de viviendas por propietario se enmarca en este contexto general de preocupación social por el acceso a la vivienda, considerado como el principal problema del Estado por casi el 31% de los ciudadanos. Sin embargo, propuestas legislativas de este calado encontrarían considerables rechazos por parte de diversos partidos políticos y límites constitucionales en un marco jurídico-político donde el derecho a la propiedad privada se sitúa por encima del derecho a la vivienda.
