Miles de personas participaron el pasado domingo en Filipinas en protestas multitudinarias contra un grave escándalo de corrupción que afecta a contratos estatales, principalmente vinculados a proyectos de control de inundaciones valorados en más de 9.500 millones de dólares. Como las inundaciones han causado estragos en la vida de millones de filipinos en los últimos años, las denuncias sobre sobornos a legisladores y funcionarios de obras públicas ha provocado un estallido de rabia entre la población, que señala deterioro económico y social, y opacidad institucional, según reportes de medios locales y agencias internacionales.

En Manila, la plaza de Luneta congregó a más de 50.000 personas, principalmente jóvenes vestidos de negro, quienes exhibieron pancartas con mensajes que apuntaban directamente a la “corrupción rampante” entre miembros del Congreso y responsables políticos. Se registraron numerosos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, con un saldo de al menos 216 detenidos y algunos manifestantes heridos. Se registraron episodios en los que los manifestantes levantaban barricadas, rompían y rodeaban cordones policiales, e incluso lograban apalear algún miembro de las fuerzas represivas.

Los afectados denuncian el caso como un robo sistemático de recursos públicos que afecta directamente a vidas de millones de personas. Entre las consecuencias visibles está la pérdida de viviendas, envenenamiento de tierras y oportunidades negadas para las nuevas generaciones, como denunciaron representantes de amplios sectores sociales que abarcan desde ovispos católicos hasta movimientos estudiantiles, sindicatos y comunistas.

En respuesta a la crisis, el presidente Ferdinand Marcos Jr. ha expresado "su respaldo a la protesta ciudadana" y ha anunciado "la creación de una comisión especial para investigar estos hechos", que cubren contratos de una década y que han provocado ya la renuncia de los presidentes de las cámaras legislativas.

Marcos Jr. no tuvo otra opción que admitir la “horrenda” corrupción en estos proyectos y ordenó "la congelación de bienes de funcionarios involucrados". Sin embargo, múltiples voces consideran insuficiente este apoyo y apuntan al propio presidente como beneficiario indirecto de estos actos corruptos, dada la mala reputación de la familia Marcos por enriquecimiento ilícito histórico.