Huelga nacional en Ecuador enfrenta fuerte represión
Las protestas, lideradas por movimientos indígenas y sociales, denuncian el impacto económico y social de la eliminación del subsidio al diésel y la violenta respuesta del gobierno de Noboa.
El anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de eliminar el subsidio al diésel, que suponía un precio de 1,80 dólares por galón y ahora se ha elevado a 2,80, ha desencadenado una serie de protestas en todo Ecuador, especialmente en regiones con fuerte presencia indígena como Carchi, Pichincha, Cotopaxi y la Amazonía. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) declaró una movilización indefinida a partir del 22 de septiembre, sumándose a una serie de protestas masivas contra políticas de subsidios frustradas durante gobiernos anteriores.
Las fuerzas policiales y militares han respondido violentamente despejando carreteras y dispersando manifestantes, con al menos 59 detenidos en varios enfrentamientos reportados. Organizaciones de derechos humanos, como INREDH, denuncian abusos y hostigamientos llevados a cabo por agentes del orden. Líderes indígenas y sociales denuncian que el Ejecutivo de Noboa trata de vincularlos con "grupos criminales", señalados por miembros del gabinete de seguridad, calificando tales acusaciones como intentos de deslegitimar la protesta y justificar la represión estatal. Videos difundidos muestran violencia policial en Quito y otras ciudades, generando preocupación por la escalada represiva en el marco de las protestas populares.
El contexto de la medida se inscribe en un programa de recortes del gobierno de Noboa, que sigue las directrices del FMI para reestructurar la economía ecuatoriana, incluyendo la intención de reformar la Constitución vigente desde 2008 que establece ciertas garantías de derechos sociales y políticos. El presidente ha manifestado su intención de no revertir la eliminación del subsidio y ha prometido mantener la firmeza pese a las protestas, reafirmando su intención de llevar adelante un plan que también incluye un referéndum para reformar aspectos claves del sistema político y económico, como el establecimiento de bases militares extranjeras; presumiblemente estadounidenses.
Estas protestas son signo de una crisis social y económica profunda que atraviesa el país, agravada por la percepción de que las políticas gubernamentales desatienden las necesidades de las clases populares y contribuyen a la vulnerabilidad social y la inseguridad de los sectores más empobrecidos, que afecta a Ecuador como uno de los países con mayores tasas de violencia de América Latina en la actualidad.
