La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, anunció que el coste asociado al modo reforzado con el que Red Eléctrica opera desde el apagón del 28 de abril asciende a 371 millones de euros, según datos presentados en el Foro Solar organizado por la UNEF. El sobrecoste, que se fija el objetivo de garantizar estabilidad en el sistema, se ha traducido en “mayores ingresos para los generadores que están obligados a controlar la tensión”, según la directiva. Dicho modo ha implicado el uso intensivo de ciclos combinados de gas y un "control dinámico" de la red que ha elevado los costes de los servicios de ajuste y, por tanto, el precio final de la energía para los usuarios.

Corredor explicó que este modelo de operación, sostenido durante casi seis meses, mantiene al sistema en un estado de “hiperseguridad” para evitar otro colapso similar, aunque las consecuencias económicas son notorias: la factura eléctrica se ha encarecido en más de un 40% y los precios del mercado superan en algunos momentos los 100 euros por megavatio/hora. Asociaciones empresariales han denunciado que este plan "penaliza a los comercializadores" y limita la entrada de energías renovables durante las horas de alta generación de estas tecnologías.

La presidenta de Redeia apuntó además que están trabajando en la implementación del procedimiento 7.4, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y permitirá a las plantas renovables "participar en el control dinámico de tensión". En palabras del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, esta medida “podría permitir retirar medidas coyunturales” adoptadas tras el apagón y “reducir los costes del sistema”. Actualmente, las razones del gran apagón del 28 de abril siguen siendo un misterio: los informes técnicos afirman que hubo “una cadena de desconexiones por sobrevoltaje en la red de distribución”, pero eso es más bien una descripción de los hechos que toda la población pudo comprobar, no una explicación sobre los errores estructurales o de generación.