La Policía Nacional española y la Guardia Civil amplían su arsenal de pistolas táser hasta 3.400
La Guardia Civil planea adquirir 800 más antes de 2028. Desde 2020 hasta mayo de 2025, la policía ha asesinado a al menos 148 personas bajo custodia o en actuaciones.
Las fuerzas represivas del Estado español contarán con un total de 3.400 pistolas táser, con 3.000 asignadas a la Policía Nacional española y 400 a la Guardia Civil, según confirmó el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria. De estas, 1.600 ya están distribuidas entre el Cuerpo Nacional de Policía, con otras 1.400 a punto de entregarse en los próximos meses, mientras que la Guardia Civil planea adquirir 800 más hasta 2028.
El incremento en el uso de esta arma eléctrica, presentada por el Ministerio del Interior como una "herramienta clave" para "reducir el uso de la fuerza letal", ha generado un debate intenso. En el Estado español no existe registro o protocolo oficial alguno sobre el uso y las consecuencias de este tipo de arma eléctrica. Moncloa tampoco ha mencionado ninguna nueva medida acompañando el incremento de pistolas táser en los cuerpos, por lo que conocer el numero real de muertes causados específicamente por este tipo de arma seguirá siendo difícil en un futuro.
Fuerzas de "seguridad"
Desde enero de 2020 hasta mayo de 2025, al menos 148 personas han fallecido bajo custodia o en el transcurso de actuaciones policiales en el Estado español, según datos oficiales del Ministerio del Interior. De esos fallecimientos, 43 se clasificaron como muertes “accidentales”, 12 como suicidios y 93 como muertes “naturales” mientras las personas estaban bajo custodia policial o en actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Curiosamente, ninguno fue clasificado como un homicidio como tal.
Estos datos fueron dados en una respuesta oficial remitida al Congreso de los Diputados en mayo de 2025, y aunque incluyen fechas y localizaciones, carecen de detalles específicos sobre las circunstancias o causas exactas de las muertes, lo que genera críticas sobre la transparencia y la capacidad de control estatal en estos casos.
Organizaciones y expertos en derechos humanos señalan la ausencia de protocolos adecuados, especialmente respecto a la prevención de suicidios en dependencias policiales, y la ausencia de investigaciones completas que puedan esclarecer la responsabilidad de los agentes. Además, existe preocupación por la escasez de datos públicos y la censura implícita sobre muertes clasificadas como "naturales" o "accidentales", lo que dificulta un análisis profundo de posibles abusos y maltratos.
