Elma Saiz y María Jesús Montero cobran entre 5 y 7 veces más que el autónomo medio
El Gobierno español niega que la subida de la cuota de autónomos a un colectivo que ingresa una media de 1.500 euros al mes sea un impuesto, mientras sus políticos profesionales cobran hasta 9.300 euros mensuales.

El Gobierno español ha anunciado una subida significativa en las cuotas de los autónomos para 2026, como parte de su "transición hacia el sistema de cotización progresiva", basado en los ingresos reales. Esta subida implica un aumento mensual adicional que oscila entre 11 y 206 euros, dependiendo del tramo de ingresos del autónomo. En concreto, los autónomos con ingresos más bajos verán incrementos de cuotas "menores", mientras que los que cotizan más aumentarán sus pagos en hasta un 35% en comparación con las cuotas actuales.
Este "ajuste" responde al acuerdo pactado en 2022 entre los sindicatos amarillos UGT y CCOO y la patronal para equiparar progresivamente las contribuciones de los trabajadores autónomos a las de los trabajadores asalariados por cuenta ajena, buscando, según ellos, "una mayor justicia contributiva", pero generando inquietud por la carga económica que representa para muchos trabajadores cuentapropistas en un contexto ya difícil. Estos incrementos llegan en un momento en que el autónomo medio en el Estado español apenas supera los 1.500 euros mensuales de ingresos, y un 41% gana menos que el salario mínimo interprofesional, lo que pone en primer plano la alta presión fiscal que sufren, mientras que las ministras Elma Saiz y María Jesús Montero, responsables directas de estas políticas, perciben salarios mensuales brutos que rondan los 6.816 y 9.300 euros respectivamente.
El Gobierno español, cuyos políticos profesionales cobran hasta 9.300 euros al mes, pretenden explicar a autónomos que apenas ingresan 1.500 euros que las cuotas de autónomos que acaban de subir "no son un impuesto".
Estos políticos profesionales manejan rentas que superan entre 5 y 7 veces el ingreso medio de un autónomo en el Estado español. Esta brecha genera críticas porque estas mismas figuras institucionales que perciben sueldos elevados sean las encargadas de explicar, con una sonrisa diplomática, que las cotizaciones a la Seguridad Social que deben afrontar los autónomos no son un impuesto. El hecho es que estas cuotas obligan a quienes generan buena parte de la riqueza económica a entregar una porción de sus ingresos, que puede superar hasta el 30% de su renta mensual, según la base escogida.
Como consecuencia, muchos autónomos se encuentran ante la disyuntiva de pagar la cuota o cubrir gastos básicos. Quienes ingresan alrededor de 1.500 euros al mes tienen que destinar entre 200 y 500 euros mensuales a esta “novedosa” prima, una cantidad significativa y, en muchos casos, difícilmente asumible sin que ello represente un sacrificio.
Todo esto en un contexto de un rearme europeo histórico, que contempla un gasto global de 6,8 billones de euros hasta 2035, donde el dinero público se destina con prioridad a militarización antes que a aliviar las condiciones económicas de los trabajadores que sostienen las arcas del Estado. En la misma Europa que proyecta esta astronómica inversión en militar, se reclama a los autónomos un "esfuerzo financiero" con un lenguaje disfrazado pero con impactos muy concretos en su renta disponible.
Con semejante disparidad, no es difícil comprender que la voceada "solidaridad fiscal" es más bien un mecanismo que vacía los bolsillos de la clase trabajadora que apenas llega a fin de mes, mientras protege niveles de vida superiores, entre ellos, los de muchos empresarios y altos funcionarios políticos.
En suma, la cuota que los políticos profesionales niegan que sea un impuesto, en términos reales, es un impuesto regresivo que castiga la subsistencia de un colectivo vulnerable de trabajadores.
Mientras tanto, el debate sigue enturbiado por el maquillaje político que convierte la carga fiscal en un concepto decorado, y unas arcas públicas que prefieren blindar tanques a blindar los ingresos de quienes sostienen la economía.