La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo confirmó la semana pasada la expulsión de un guardia civil destinado en Lugo (Galiza), condenado por delitos de violencia machista y amenazas, así como por utilizar su posición para espiar a su expareja. La sentencia, fechada el 2 de octubre y adelantada por praza.gal —citada también por Europa Press y eldiario.es—, desestima el recurso interpuesto por el agente y ratifica la resolución del Ministerio de Defensa que lo apartó del servicio.

Los hechos probados recogen que el agente, mientras se encontraba en un vehículo oficial, agredió a la mujer con la que mantenía una relación sentimental, tirándole del pelo y propinándole un golpe en la pierna que le causó un hematoma. Tras la agresión, la víctima decidió romper la relación, aunque el agente continuó hostigándola con mensajes amenazantes. Entre ellos figuran expresiones como “tú tranquila, zorra de mierda” o “no descansaré hasta verte arrastrada”.

El fallo judicial detalla además que el guardia civil, aprovechando su acceso a contraseñas y sistemas internos de la Guardia Civil, consultó bases de datos oficiales con el fin de obtener información personal sobre su expareja. Esta actuación constituye una utilización ilícita de recursos institucionales para fines privados y de acoso, como sucedió en el caso del subinspector maltratador de Granada.

En 2023 y 2024 se pudo saber, a partir de información recopilada en medios de comunicación, que más del 15% de los asesinatos machistas cometidos en verano en el Estado español fueron a mano de policías o expolicías, un sector que no representa más del 0,3% de la población global. A pesar de estos alarmantes datos, el Gobierno español mantiene en secreto las cifras agregadas sobre la cantidad de maltratadores existentes en las filas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.