Le Parisien informa de que dos policías, de 23 y 35 años, fueron detenidos el pasado 30 de octubre por violar a una joven de 26 años en las celdas del tribunal de Bobigny, un suburbio parisino conocido por sus problemas de sobrecarga judicial. La víctima, que había sido llevada al centro por negligencia parental, denunció haber sido agredida sexualmente dos veces durante la noche del 28 al 29 de octubre. 

La investigación, a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) y la Fiscalía de París, ha revelado un vídeo de cuatro segundos en el teléfono de uno de los acusados, que muestra a los agentes manteniendo agrediendo sexualmente a la víctima, desmontando las afirmaciones de los oficiales de que las relaciones fueron "consentidas". Aun si no hubiera pruebas, resulta difícil imaginar un posible consentimiento real en un calabozo, donde la detenida está privada de libertad, en un lugar donde nadie puede ver lo que ocurre y bajo el control absoluto de los policías. 

Esta evidencia no solo ha acelerado la imputación por violación y agresión sexual con abuso de poder, llevando al encarcelamiento preventivo de los agentes, sino que ha puesto de relieve la cultura de impunidad dentro de la policía francesa, donde casos similares han proliferado bajo el hashtag #MeTooPolice, revelando un patrón de violencia sexual encubierto por la institución.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha calificado los hechos como "extraordinariamente graves e inaceptables", ordenando investigaciones exhaustivas y prometiendo sanciones firmes si se confirman. Sin embargo, estas declaraciones vacías no alteran la recurrencia de escándalos: solo en 2023, otro oficial en Seine-et-Marne enfrentó cargos por violaciones similares en una comisaría, y una serie de reportajes en Libération ha destapado decenas de denuncias ignoradas. 

Estructural e impune

La cultura de impunidad dentro de la policía francesa está documentada y ha sido objeto de múltiples denuncias en los últimos años. Investigaciones periodísticas y académicas revelan un patrón sistemático de abuso sexual por parte de policías y gendarmes, con al menos 429 víctimas y 215 agresores entre 2012 y 2025, según un estudio realizado por el medio francés Disclose. Los abusos varían desde acoso sexual hasta violaciones, y afectan a detenidos, denunciantes y menores. 

Muchos de los policías agresores han utilizado su posición y recursos oficiales para intimidar y silenciar a las víctimas, y en un 40% de los casos han reincidido. A pesar de la gravedad, las sanciones han sido escasas y en su mayoría leves, con pocos expulsados del cuerpo, mientras la mayoría recibe amonestaciones o suspensiones temporales.

El movimiento #MeTooPolice ha surgido como respuesta social para visibilizar estos abusos dentro de la policía, denunciando la violencia sexual encubierta y la imposibilidad política e institucional para erradicar estas conductas desde el interior de las instituciones. La ausencia de protocolos claros, la banalización por parte de la jerarquía policial y la falta de datos públicos específicos sobre la cantidad de policías violadores agravan la desprotección de las víctimas y aumentan la desconfianza social hacia los aparatos represores.