Juicio a la tercera mayor cementera del mundo por financiar al ISIS y Al Qaeda en Siria
La multinacional francesa Lafarge y ocho exdirectivos se enfrentan a cargos por pagar millones de dólares que fueron destinados a armamento y reclutamiento de mercenarios.
El grupo cementero francés Lafarge, la tercera mayor empresa cementera del mundo, y ocho de sus antiguos directivos se sentaron este martes en el banquillo del tribunal correccional de París (Estado francés) acusados de "financiación del terrorismo" por haber pagado alrededor de 5 millones de euros a grupos armados salafistas mercenarios en Siria, incluidos el Frente Al-Nusra (afiliado a Al-Qaeda, y cuyos herederos actualmente gobiernan en Damasco) y el Estado Islámico (ISIS). Según la investigación judicial, recogida por Le Monde, los pagos se realizaron entre 2012 y septiembre de 2014 para garantizar el funcionamiento de la planta de Jalabiya, situada a 87 kilómetros de Raqqa, mediante el pago a milicias que controlaban los accesos y la compra de suministros a empresas vinculadas al ISIS.
La defensa de los acusados, que incluye al exCEO Bruno Lafont y varios responsables de seguridad de la fábrica, alega que los pagos respondían a una "economía de extorsión que les fue impuesta". Sin embargo, los jueces instructores no terminan de creérselo, y consideran que Lafarge "habría podido en cualquier momento cesar la explotación de la fábrica" y que aceptó estos acuerdos por interés económico, evaluando "las contrapartidas que podía obtener". La investigación revela que la empresa mantuvo operaciones en Siria cuando todas las demás compañías francesas ya habían abandonado el país.
Un aspecto singular del caso es que Lafarge SA ya se declaró culpable en 2022 ante la justicia estadounidense por los mismos hechos, aceptando pagar una multa de 778 millones de dólares. El acuerdo incluía una cláusula que impide a la empresa contradecir los hechos reconocidos, lo que supone una anomalía en el proceso francés. Además, la investigación revela contactos entre directivos de Lafarge y servicios de inteligencia franceses. Ante esta incómoda cuestión, los jueces "descartaron" que el Estado francés avalara los pagos a ISIS y Al-Qaeda, sin plantear ninguna investigación al respecto.
Las posibles condenas incluyen hasta diez años de prisión y 225.000 euros de multa para los acusados físicos, mientras Lafarge SA enfrenta una sanción que podría alcanzar 46 millones de euros por infracciones aduaneras. El proceso se desarrolla en paralelo a otra investigación separada por complicidad en crímenes contra la humanidad contra la empresa, que curiosamente constituye una primicia mundial para una corporación. Las asociaciones Sherpa y ECCHR, impulsoras de la querella, califican el juicio de "etapa importante" pero subrayan que está "lejos de marcar el final" del proceso judicial.
