La jueza de instrucción de Córdoba ha decidido archivar la investigación contra un subinspector de la Policía Nacional acusado de torturas, detención ilegal, lesiones y falsedad documental, tras los hechos ocurridos el 24 de junio de 2024 durante las celebraciones por el ascenso del Córdoba CF a Segunda División en la plaza de Las Tendillas.

Aquel día, las cargas policiales convirtieron la fiesta en una escena de confusión y violencia. Según la versión oficial, la intervención se produjo por una supuesta "pelea entre grupos ultras y el lanzamiento de objetos contra los vehículos policiales". Sin embargo, el único detenido de la jornada acabó hospitalizado tras pasar una noche bajo custodia, denunciando torturas y malos tratos por parte de los agentes.

Casi año y medio después, la magistrada encargada del caso ha decidido cerrar la causa contra el subinspector acusado, jefe de subgrupo en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). La resolución judicial se sustenta en el argumento de la defensa, que asegura que el funcionario no participó directamente en la detención al encontrarse “en una calle aledaña realizando otras diligencias”. La jueza interpreta que no existen indicios sólidos para mantener la imputación, pese a que el propio informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional española recoge hechos graves atribuibles al agente.

El documento interno detalla que el joven estuvo retenido de forma “injustificada y prohibida” durante quince minutos en el furgón policial, tiempo en el que habría sido agredido. El informe añade que el detenido, ya bajo custodia, recibió golpes en la cara y en la cabeza “con una defensa y con los puños”, y que posteriormente se alteró el parte policial para justificar la detención y ocultar los abusos.

También se señala al subinspector por presunta falsedad documental al atribuir al joven un delito de atentado y daños en el mobiliario urbano, hechos que no constan en ningún parte ni denuncia presentada los días posteriores. Para los investigadores internos, estos elementos configuraban hasta cuatro posibles delitos.

Pese a ello, la jueza ha desestimado el informe policial y ha archivado las diligencias. Mientras tanto, la causa contra el joven detenido sigue abierta: se le acusa de atentado a la autoridad, la misma imputación empleada en el informe cuestionado. El abogado del denunciante ha calificado la decisión como “penosa y sangrante”, subrayando la paradoja de que “se archiven los delitos probados contra el agente y se mantenga la acusación contra la víctima”.