El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu aprobó este domingo una serie de medidas que, en la práctica, allanan el camino para la anexión de grandes superficies de Cisjordania. La más significativa es la derogación de una ley jordana de 1953 que prohibía a los no árabes comprar tierras en el territorio. "Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel y enterrando la idea de un Estado palestino", declaró sin pelos en la lengua el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. La medida permitirá por primera vez a colonos israelíes individuales adquirir propiedades en zonas A y B, teóricamente bajo "control civil palestino", según los Acuerdos de Oslo.

La decisión, adoptada por el gabinete de seguridad israelí, incluye otras acciones agresivas: el levantamiento de la confidencialidad de los registros catastrales para identificar a propietarios palestinos, la transferencia de las competencias de licencias e incluso la construcción en Hebrón (Cisjordania) a la Administración Civil israelí (un órgano militar) y la ampliación de poderes de supervisión israelí hasta los asuntos ambientales y arqueológicos. Para el gobierno colaboracionista de la Autoridad Nacional Palestina, esto supone una "anexión de facto" y una "violación flagrante del derecho internacional", pero a nadie le parece importar. El dictador colaboracionista Mahmoud Abbas instó al Consejo de Seguridad de la ONU y al presidente estadounidense Donald Trump a intervenir.

La autodenominada "comunidad internacional" ha reaccionado con su habitual "preocupación". El portavoz de la Unión Europea, Anouar El Anouni, calificó el movimiento como "otro paso en la dirección equivocada". Ocho países, entre ellos Jordania, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, emitieron una declaración conjunta condenando "en los términos más enérgicos" unas medidas que "socavan la solución de dos Estados". Incluso dentro de la entidad sionista, la ONG Paz Ahora acusó a Netanyahu de impulsar una política "peligrosa e irresponsable" de "anexión de facto" que busca desmantelar incluso la Autoridad Palestina. Diferentes declaraciones, pero sin acciones.

Analistas y activistas advierten de que esta medida cambiará radicalmente la realidad sobre el terreno. Muhammad Dahle, abogado israelí de derechos humanos, explicó ante Al Jazeera que, hasta ahora, un colono que quería tierra en Cisjordania debía pasar por un largo proceso burocrático a través de una empresa. "Ahora quieren cambiar todo este proceso... permitir que ciudadanos israelíes entren en el mercado inmobiliario de Cisjordania". Esto, según Dahle, multiplicará la creación de nuevos asentamientos privados y acelerará la expulsión forzosa de los palestinos. La medida supone otro clavo en el ataud de los Acuerdos de Oslo y blinda el régimen de apartheid en el territorio colonizado.